La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha una nueva fase de la ‘Operación Edu’ en relación con el presunto fraude de los cursos de formación, que afectan a la Junta de Andalucía. La Policía ha detenido a cuatro personas por sus actividades como responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Huelva, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. No se descartan nuevas detenciones.

Estas mismas fuentes han precisado que los detenidos son Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como director provincial del SAE, José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo, José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE.

A todos ellos se les acusa de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta nueva fase de la operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva. Se estima que los fondos públicos concedidos por las personas investigadas ascendió a 12.175.248 euros de los que, de momento, los investigadores de la UDEF han podido acreditar 2,9 millones defraudados.

Estos nuevos arrestos suponen una ampliación de la ‘Operación EDU’ (concretamente la que se bautizó como ‘Eduende’) una vez que los jueces que asumieron el caso en cada una de las provincias afectadas han continuado con sus investigaciones en torno a este presunto fraude masivo. Las fuentes consultadas precisan que esta nueva fase afecta ya a los más altos responsables de cada provincia.

UNA INVESTIGACIÓN DE ABAJO A ARRIBA

La estrategia de la UDEF en esta investigación ha consistido en avanzar de abajo arriba de la ‘pirámide’ del presunto fraude. Los expertos policiales, comenzaron por la base, entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares de empresas. El resultados de esas averiguaciones ha dado lugar a detenciones que ya afectan a personas que tenían poder de decisión.

En el marco de la investigación, la Policía acusa a Eduardo Manuel Muñoz de manejar el organismo de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales e incluso apartó a los funcionarios que no comulgaban con sus actividades. La Policía le acusa de controlar directamente a qué empresas se les daba las subvenciones sin tener en cuenta si cumplían los requisitos exigidos por Ley.

Las fuentes consultadas relatan cómo este detenido llegó incluso a falsear la constitución del órgano colegiado dispuesto legalmente para estas actividades o que determinaba arbitrariamente los baremos a tener en cuenta para las subvenciones.

La UDEF ha detectado que el director del SAE de Huelva consintió tramitar al menos una subvención a sabiendas de su injusticia. Además, para tratar de ocultar su responsabilidad en esta decisión, usó al secretario general de la Delegación Territorial de Empleo en Huelva para que firmase la subvención bajo una supuesta delegación de firma realizada en fraude de Ley a juicio de la Policía.

PARTIDO POPULAR

Por su parte, el PP de Huelva ha exigido este jueves al delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, y al secretario general del PSOE en Huelva, Ignacio Caraballo, que aclaren «de manera urgente» a los onubenses «el nuevo escándalo» relacionado con el fraude en los cursos de formación.

Esta exigencia la ha realizado después de conocerse que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha una nueva fase de la ‘Operación Edu’ en relación con el presunto fraude de los cursos de formación, que afectan a la Junta de Andalucía. La Policía ha detenido a cuatro personas por sus actividades como responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia de Huelva, entre ellas, Eduardo Muñoz, por su actividad como director provincial del SAE, o el secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo.

Según ha señalado en una nota de prensa el vicesecretario general del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, «el epicentro de la corrupción vuelve a situarse en Huelva, en este caso, en los pasillos de la Junta de Andalucía y del PSOE de Huelva».

En su opinión, estas detenciones se unen a la supuesta implicación del vicepresidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento de Huelva, José Fernández, en la trama de los cursos de formación que se investiga en el Parlamento andaluz, o «después de que Gonzalo Rodríguez Nevado dimitiera como alcalde de Punta Umbría debido a la investigación judicial de la trama de los cursos de formación».

Para Duarte, «es muy grave lo que está pasando en esta provincia y el PSOE y la Junta de Andalucía, en vez de aclarar lo sucedido a los onubenses, guardan un silencio intolerable pese a las detenciones e investigaciones llevadas a cabo por la policía y por los jueces»

Asimismo, el ‘popular’ ha recordado que hace sólo unos días el interventor de la Junta de Andalucía en Huelva arrojó luz sobre «el cúmulo de irregularidades detectadas en la gestión de estos cursos en la provincia de Huelva».

De este modo, ha remarcado que éste argumentó que son «exigibles responsabilidades, civiles, penales, contables y administrativas por el menoscabo de fondos públicos y el daño real producido al darse todo tipo de irregularidades especificadas por la ley: administrar recursos y derechos sin sujeción de la norma; mucha negligencia a la hora de exigir los reintegros; no actuar con la debida contundencia o dar lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones».

A su juicio, a ello, se suma ahora un nuevo paso en la operación policial con las cuatro detenciones realizadas en Huelva, ante las que «el PSOE de Huelva no puede perder un minuto más en dar la cara ante los ciudadanos, porque en esta provincia, vamos de escándalo en escándalo y todos relacionados con el PSOE».

Duarte se ha preguntado «qué más tiene que pasar en esta provincia, en la que se ha llegado incluso a registrar una Diputación, para que el PSOE dé la cara, ofrezca explicaciones, deje de guardar silencio y tome medidas».