El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto a la abogada onubense María Teresa Largo, que se sentó el pasado martes en el banquillo de los acusados por un delito de apropiación indebida y deslealtad profesional por supuestamente quedarse con 2.000 euros de la fianza de un cliente que defendió en 2006, ante la ausencia de pruebas.

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, lo único probado es que esta abogada prestó sus servicios a este cliente y realizó un ingreso de 2.000 euros en concepto de fianza para eludir la prisión provisional de éste por un delito contra la salud pública, y que cinco años después la Audiencia acordó la devolución de la fianza a la citada letrada, la cual ya había dejado de asistir a esta persona en la causa.

Durante su declaración, ante el tribunal, la abogada detalló en relación a esta cantidad, que «en ocasiones» ella «presta dinero a sus clientes» para hacer frente al pago de las mismas mientras estos lo reúnen o logran la financiación. «Es un favor que les hago, porque sé que es un dinero que no se pierde».

Así, señaló que en este caso también lo hizo, y depositó el dinero «en la confianza de que iban a lograr la financiación, pero finalmente no se les concedió el crédito por cargas anteriores en la hipoteca». Por ello, insistió en que cuando la llamaron desde la Audiencia Provincia recogió el dinero de la fianza.

Sobre la relación con este cliente, Largo argumentó que el hijo y la nuera de la denunciante se pusieron en contacto con ella para contratar sus servicios jurídicos, pero una vez que salió en libertad, tras el pago de la citada fianza, dejó de defenderlo al no poder pagarle sus honorarios.

Por su parte, tanto la denunciante como su nuera mantuvieron durante la vista oral que entregaron a la abogada «las cantidades de 1.200 euros y 1.500 euros en concepto de minutas y los 2.000 euros de la fianza y que nunca recibieron justificante alguno», circunstancia que el juez considera «muy extraña», así como que ambas mujeres se contradicen.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó un año y seis meses de prisión para la letrada, el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, una multa de 2.700 euros y una indemnización de 2.000 euros.

Sin embargo, el juez considera que la prueba de cargo «no es suficiente para destruir la presunción de inocencia de esta abogada con unas consecuencias tan graves como las de afirmar una apropiación indebida en el ejercicio de su actividad profesional».