El diputado por Huelva y presidente de la Comisión de Cambio Climático, José Juan Díaz Trillo, ha mantenido este miércoles una reunión junto a la secretaria general adjunta del Grupo Socialista y diputada por Badajoz, Marisol Pérez Domínguez, con representantes del comité de empresa de la mina de Aguablanca de Monesterio (Badajoz) para apoyar sus reivindicaciones y reiterar la necesidad del mantenimiento del empleo en esta comarca. A este encuentro también han asistido el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, la portavoz de Industria, Patricia Blanquer, el portavoz adjunto de Industria, César Ramos, la diputada por Badajoz, Patricia Sierra, y los senadores por Badajoz, Carmen Pereira y Juan Andrés Tovar.
En declaraciones a los medios en el Congreso, los parlamentarios socialistas han explicado que el PSOE, tal como sabían los sindicatos,ha presentado ya una iniciativa en el Congreso y otra en el Senado, así como algunas preguntas al Ministerio de Industria sobre este asunto. En concreto, han indicado que la proposición no de ley socialista será debatida en el Congreso el próximo día 29 de marzo, dentro de la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
“La PNL socialista insta al gobierno a ponerse en marcha y a facilitar el mantenimiento de los puestos de trabajo que es lo fundamental”, han explicado los parlamentarios socialistas para añadir que, tras hablar con el comité de empresa, “hemos acordado hacer una autoenmienda a nuestra iniciativa para exigir más y cerrar plazos”, ya que el resto de grupos no han presentado ninguna. En este sentido han comunicado a los trabajadores que se trata de “ponerle un plazo a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que facilite el que una nueva empresa se pudiera hacer cargo e interesar en el seguimiento de la mina y a la vez, instar al Ministerio de Industria para que acelere todos los trámites de subrogación o de cambio de titularidad”.
Igualmente, los parlamentarios socialistas han indicado que también se instará a que “el Ministerio se implique en la búsqueda de las empresas tal como están haciendo tanto la Junta de Extremadura como la de Andalucía y los propios sindicatos”. Asimismo, solicitarán que se “acelere el proceso y a que este gobierno se comprometa -en el corto plazo que hay hasta el 31 de junio- y a que entre todos consigamos que esa comarca, que esos más de 400 empleos y que los 17 millones de euros de una mina que todavía es rentable no se pierdan. No se puede perder el empleo ni en este país ni en esta región nuestra”.
