El Ministerio de Industria ha dado autorización administrativa y ha reconocido la utilidad pública del proyecto gasista denominado ‘Marismas Occidental’, ubicado en Almonte, en el entorno de Doñana.
Según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press, en la resolución, –contra la que cabe recurso de alzada en un mes–, la Dirección General de Política Energética y Minas otorga a Gas Natural Almacenamientos Andalucía, SA, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto ‘Marismas Occidental’, asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado ‘Marismas’.
Así, dicha resolución hace alusión al proyecto ‘Marismas Occidental’, el cual consiste en la perforación de dos nuevos sondeos, la instalación de su equipamiento de cabeza y la construcción de dos gasoductos entre instalaciones para la interconexión con la red básica, así como se contemplan determinadas modificaciones en las instalaciones ya existentes.
En concreto, determina que, sin perjuicio de otras garantías y seguros exigidos, la empresa constituirá una garantía financiera destinada específica y exclusivamente a cubrir sus responsabilidades medioambientales durante la fase de construcción por un importe de 1,3 millones. Dicha garantía deberá constituirse con carácter previo al inicio de los trabajos, debiendo remitirse a la Dirección General de Política Energética y Minas resguardo acreditativo o certificación de su constitución.
Igualmente, establece que la Sociedad Gas Natural Almacenamientos Andalucía, S.A. (GNAA) deberá mantener la garantía en vigor hasta la puesta en marcha definitiva de las instalaciones, momento a partir del cual podrá solicitar su adaptación a la nueva condición operativa de las instalaciones.
Por su parte, la Dirección General de Política Energética y Minas, previa solicitud y justificación del operador, podrá modificar el importe de dicha garantía si se justifica que el riesgo asociado se ha modificado.
En esta misma línea, fija que en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o al medioambiente derivado de la ejecución del proyecto, detendrá inmediatamente las operaciones adoptando las medidas adecuadas para evitar daños o amenazas de daños, y deberá comunicar esta circunstancia a las administraciones y entidades competentes.
De este modo, a lo largo del documento se deja claro que el proyecto deberá cumplir y garantizar la seguridad de las personas y medioambiental, por lo que en lo que se refiere tanto a la seguridad y salud de las personas, la seguridad de las instalaciones y operaciones, así como a la protección del medio ambiente, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que le sea de aplicación.
