El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Ángel Sánchez, ha anunciado este jueves que su formación llevará al Pleno la “lamentable situación” por la que atraviesan los monitores de atención al alumnado con necesidades especiales en centros públicos, que vienen denunciando la continua merma de sus condiciones laborales y salariales desde que la Junta de Andalucía decidiera privatizar un servicio “esencial” en el sistema educativo.

Sánchez, que ha estado acompañado por la presidenta del comité de empresa de la Fundación SAMU (actual adjudicataria del servicio), María José López, y por la viceportavoz popular, Berta Centeno, ha explicado que su formación pedirá en el Pleno que el Ayuntamiento muestre su apoyo a estos trabajadores en la labor esencial que realizan para la integración en las aulas de niños y adolescentes con deficiencias, así como que exija a la Junta de Andalucía que haga cumplir el convenio por el cual adjudicó el servicio de monitores de educación especial a la empresa Fundación SAMU, ante los reiterados incumplimientos del mismo en base al XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

El portavoz popular ha recordado que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía comenzó hace ahora más de diez años a privatizar paulatinamente el servicio de Monitores de Educación Especial, lo que ha venido provocando una creciente merma de las condiciones laborales y salariales de este colectivo.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de la Fundación SAMU, María José López, ha explicado que sus peticiones se centran en “que se nos reconozca que trabajamos en centros públicos de Huelva y no en centros de atención especializada, y que trabajamos como monitoras de educación especial, no como cuidadoras”.

En este sentido, ha asegurado que “en ningún momento hemos dejado de hacer esas funciones, a pesar de estar contratadas como cuidadoras porque sabemos que esas son las necesidades que tiene los alumnos, que no solo necesitan un apoyo asistencial, sino que es muy importante el apoyo educativo”. Por ello, reclaman que se les reconozca la categoría profesional y el tipo de centro donde la desempeñan.

Ángel Sánchez ha recordado que el Gobierno andaluz ha renunciado a hacerse cargo de la demanda de estos monitores, lo que deriva en que cada dos años se saque a concurso público sus puestos y las empresas privadas pujen a la baja por sus servicios. Es decir, “la que menos dinero presupueste con mayores servicios es la que acaba obteniendo la adjudicación, lo que provoca continuas subrogaciones con la consiguiente disminución de las condiciones laborales de estos trabajadores, además del incumplimiento del convenio por el cual se adjudicó este servicio”, ha explicado.

Esta situación la padecen los monitores de atención al alumnado con necesidades especiales en centros públicos de varias provincias de Andalucía, pero es en Huelva donde se está dando una mayor incidencia, con un incumplimiento de los pliegos de contratación en lo que respecta a la categoría profesional, “lo que está provocando que estos trabajadores perciban casi 400 euros mensuales menos de lo que deberían percibir”. En concreto, este problema afecta a 105 profesionales onubenses, que se reparten entre más de 80 centros educativos. La mitad de ellos trabajan en centros públicos de la capital onubense.

Estos trabajadores comenzaron en junio de 2015 un calendario de movilizaciones, con convocatorias de huelgas incluidas, para exigir a la Junta de Andalucía que haga cumplir el pliego de condiciones establecido a la empresa adjudicataria del servicio, actualmente la Fundación SAMU. De ese pliego de condiciones forma parte el XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, establecido en la licitación que la Junta saca a concurso a través de su Agencia Andaluza de Educación y Formación.

En este sentido, las condiciones retributivas de los monitores de educación especial no se justifican con los pliegos de condiciones fijados por la Junta de Andalucía en los concursos que convoca para garantizar el apoyo y asistencia del alumnado con necesidades educativas especiales en centros públicos. Ni las funciones que la Consejería de Educación reclama específicamente a los empleados de las concesionarias ni la categoría profesional que se demanda es la de cuidadores, que es como se les acaba pagando. El cambio de categoría conlleva, además, la pérdida de antigüedad y el impago de trienios. Además, los empleados denuncian que ni pueden elegir las vacaciones ni se las pagan, con cuadrantes muy cambiantes.

Hay que recordar que los monitores de educación especial de los colegios públicos de Andalucía realizan una labor esencial para la integración en las aulas de niños y adolescentes con deficiencias, por lo que vienen exigiendo que no se les siga retribuyendo como meros cuidadores, ya que realizan una labor de apoyo de mucha mayor responsabilidad sin reconocimiento salarial.

Los monitores se están encargando, entre otras tareas, de la recogida y entrega de los niños, de los traslados cuando tienen que ir al especialista, de la vigilancia de los menores durante los recreos, de su ropa e higiene personal, de que mastiquen e ingieran correctamente los alimentos y del apoyo al alumno en el aula durante las clases… Funciones que son claramente impropias de un cuidador y por las que reciben unos 600 euros al mes cuando, por categoría profesional, deberían ingresar en torno a 1.000.

Por todo ello, el Grupo Popular entiende que el Ayuntamiento de Huelva debe mostrar su apoyo a este colectivo y exigir a la Junta de Andalucía que haga cumplir el convenio por el cual adjudicó este servicio a una empresa privada (Fundación SAMU). La Consejería de Educación tiene que velar por los derechos laborales de estos profesionales, ante los incumplimientos del convenio por parte de la empresa y la vulneración de sus derechos.