La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha dejado sin efecto la imputación del decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, J.A.M.; del tesorero, S.E.L. y del interventor, B.J.M., en la investigación que se está realizando por la desaparición de 700.000 euros de la sede del colegio profesional, aunque sí mantiene la del que fuera gerente y secretario del Colegio, Casto Pino, que también fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Aljaraque entre 2003 y 2007 por el PP, investigado por apropiación indebida continuada, falsificación documental y blanqueo de capitales.
Según reza el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia ha estimado los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de estas tres personas y por el propio Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, contra los autos de 14 de abril y 29 de junio del pasado año.
El tribunal considera que, examinadas las actuaciones, ha de darse razón a los apelantes y adheridos, por cuanto en primer lugar, como se expone en el escrito de recurso del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, los cargos de decano, tesorero e interventor son electos que se desempeñan sin retribución alguna y no hay una contratación por parte del colegio.
Del mismo modo, remarca que consta que los anteriores y el resto de miembros de la junta de gobierno adoptaron las oportunas decisiones para proteger el patrimonio colegial, y así contrataron los servicios de personal administrativo, un gerente y una empresa especializada en asesoramiento fiscal para y contable al objeto de fiscalizar las cuentas.
De igual forma, aclara que nada más advertir la existencia de anomalías, inmediatamente se adoptaron las medidas pertinentes encargando un informe al asesor fiscal, comunicándolo a la junta y encargando a una empresa auditora externa un nuevo informe, y poniendo finalmente los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.
Por consiguiente, considera que en la actuación de estas tres personas concurren los presupuestos expuestos para la comisión por omisión, pues tomaron las medidas que creyeron oportunas para proteger el patrimonio del Colegio no infringiendo, por tanto, la obligación de actuar que les correspondía, ni acreditándose tampoco la concurrencia del presupuesto subjetivo.
En esta misma causa, el juez ya imputó al gerente y secretario del Colegio, Casto Pino, y el mismo se acogió a su derecho a no declarar en septiembre de 2014. En esa misma semana, se tomó declaración a otras personas en relación a este asunto, con el que también están relacionados su esposa y al asesor contable de dicho colegio.
DETENIDOS EN 2014
Por estos hechos, estos tres últimos fueron detenidos en mayo de 2014 y puestos en libertad a continuación, por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación documental y blanqueo de capitales, contando con antecedentes penales Casto Pino y el asesor contable por delitos contra la Hacienda Pública. Todo ello tras el inicio de una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el propio colegio.
Las investigaciones se iniciaron a mediados de 2013 cuando los agentes comenzaron a analizar la contabilidad de los diez últimos años del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, hallando «evidencias de graves irregularidades con importantes disposiciones de dinero sin justificación documental, así como pago de facturas y transferencias a terceros ajenos a la actividad colegial».
Por ello, en mayo de 2014 la Policía llevó a cabo tres registros. El primero de ellos en una finca en el termino municipal de Alonso, lugar al que se desplazó el juez de instrucción en un helicóptero de la Policía Nacional, en unión del secretario judicial y responsables policiales, con el fin de realizar una inspección ocular tanto de la finca como de la vivienda, según informó en aquellas fechas la Subdelegación del Gobierno.
Posteriormente se realizaron registros en su domicilio de la Dehesa Golf de Aljaraque y en un apartamento de la localidad de Punta Umbría en los que se intervinieron «gran cantidad de documentación, material informático, así como bienes que habían sido abonados a cargo del Colegio profesional».
Cabe recordar que Casto Pino fue condenado en agosto de 2015 a un año y medio de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y al pago de una multa de 387.537 euros y de una indemnización a Hacienda de 193.768 euros.
