El leonés Valle del Fenar es uno de esos parajes que deslumbran. Al lugar se puede llegar desde diversos destinos. Sin embargo, el trayecto más problemático es el que atraviesa el puerto de Pajares, muy concurrido a pesar de sus quince kilómetros de curvas y del gran desnivel de las pendientes. Ni que decir tiene que los conductores se decantan por una velocidad reducida o por el uso constante del freno. No hay más salvo que el riesgo de despeñamiento se materialice en un viaje sin retorno.

La llamada guerra de las esteladas simboliza la existencia de interpretaciones acerca de las curvas peligrosas, del uso indiscriminado del freno y de las consecuencias funestas que para los viajeros supone el mantenimiento de una actitud distraída o de una conformidad cobarde ante quienes circulan de manera acelerada poniendo en peligro a todo el mundo. La guerra de las banderas independentistas catalanas nada tiene que ver con la libertad de expresión. Si el tema se redujera a la libre expresión, sobraría el sujeto –la guerra de las banderas- de esa proposición. La guerra de las banderas de una estrella es la declaración unilateral de independencia de numerosos ciudadanos de Cataluña que, a la vez, persiguen la destrucción de la nación española. Punto.

Los secesionistas catalanes disponen de la señera, estatutaria y constitucional, para reivindicar sus intenciones. Sin embargo, la estelada ni siquiera se contempla en el Estatuto de esa Comunidad Autónoma. En qué quedamos. Bastaría con reformar el Estatuto para dotarla de carta de naturaleza legal y se acabó el problema. Claro que para ello, es requisito esencial el respeto a la ley democrática vigente. Y en ese tránsito dialéctico es donde las reclamaciones vanas se convierten en boutades y donde los defensores de la provocación devienen auténticos talibanes capaces de llamar sol a la luna.

La actuación de la Delegada del Gobierno en Madrid de prohibir la exhibición de las esteladas durante el partido de fútbol entre Barcelona y Atlético de Madrid, me parece encomiable. No se trata de una decisión arbitraria de la regidora gubernamental. Por el contrario: una actuación conforme a ley. Si el magistrado de lo contencioso que ha de resolver el recurso presentado, se decanta por voltear el acto administrativo, seguro que tendrá sus razones legales para ello. Se respetará aunque se discrepe de la versión judicial. Mas puede ocurrir que el titular del juzgado desestime la cautelar y refrende la tesis de la delegada del Gobierno, en cuyo caso, los ultras catalanoides se mantendrán en sus treces y, pese a la razón, a la norma y al respeto exigibles en un Estado de Derecho, promuevan enfrentamientos, aticen el fuego de las discordias y transformen un escenario deportivo en un espectáculo bélico de la peor estofa.

Los conductores de los vehículos institucionales deben advertir a los infractores de las normas sobre los efectos de sus acciones. Si por las buenas no quieren minorar la velocidad ante la presencia de curvas infames, la autoridad competente debe tomar cartas en el asunto. De inmediato. Antes de que lamentemos accidentes fatales.

El Barcelona puede considerarse más que un club de fútbol. Mas no es sino uno entre los veinte que integran la Liga Profesional. Si sus directivos amenazan con no acudir al palco, que no vayan. Y si deciden pagar sus entradas de graderío, allá ellos. Si Puigdemont, Colau, Carmena o el nieto de la alcaldesa de Madrid quieren asistir, bienvenidos sean. Que lo contrario, vayan con dios. No son importantes ni tienen calidad para echarlos de menos. Si me apuran, y a título personal, gente como la nombrada, me sobra porque distorsiona las relaciones sociales.

Lo dicho: frenen que las curvas son demasiado peligrosas para la integridad física y psíquica de los españoles de los cuatro puntos cardinales. Y si no frenan, que la guardia civil de tráfico inmovilice los vehículos. Pura ley.