Un total de 404 familias y 730 menores en situación de riesgo fueron atendidos el año pasado por los equipos de tratamiento familiar (ETF) de la provincia de Huelva, que han mantenido su actividad y capacidad de cobertura en cifras similares a las de 2014, año en el que hasta ahora se ha registrado el mayor número de personas beneficiarias.

Así lo ha dado a conocer hoy el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, durante una jornada sobre el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo en la que se ha presentado su memoria de 2015. Al acto también ha asistido la directora general de Infancia y Familias de la Junta, Ana Conde.

Según ha explicado López, esta programa se encuentra coordinado por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la delegación territorial y forma parte de las estrategias de la Junta “encaminadas a promover los derechos y el desarrollo integral de los menores en un ambiente familiar normalizado, así como apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños a su cargo”.

Para ello, sus intervenciones son básicamente preventivas y tienen una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo y de reunificación familiar.

Además del alto volumen asistencial, en la memoria se ponen de manifiesto otros resultados positivos logrados por los ETF en 2015, como por ejemplo el mantenimiento del número total de casos cerrados cuyas intervenciones concluyeron con los objetivos alcanzados. Y en el ámbito específico del subprograma de riesgo, incluso han aumentado al 84% aquellos en los que se ha conseguido preservar la integridad familiar tras finalizar las intervenciones. Asimismo, se ha reducido el porcentaje de casos que se cierran de forma insatisfactoria y son derivados al Servicio de Protección de Menores de la delegación.

Por otro lado, en cuanto a la duración media de las intervenciones, el 63% se ha completado en un tiempo inferior a los 18 meses, incrementándose el número de casos que son cerrados en un tiempo inferior a los 6 meses.

Del mismo modo, continúa potenciándose la derivación de casos desde los servicios sociales comunitarios, en tanto en cuanto esta situación permite una detección más temprana de los problemas y que las intervenciones se apliquen de manera precoz, al igual que el porcentaje de menores de 6 años atendidos en reunificación familiar, una franja de edad de especial importancia con vistas a facilitar el contexto de seguridad necesario que posibilite la reintegración con sus progenitores.

Colaboración entre administraciones

La ejecución del programa es posible gracias a la firma anual de convenios de colaboración entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y las corporaciones onubenses con competencias en esta área: los ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer –todos ellos con más de 20.000 habitantes y a los que se va a sumar este año Aljaraque-, así como la Diputación, que presta cobertura a los municipios con menos de 20.000 habitantes. Dichos convenios van acompañados de una partida de la Junta de 1.225.935 euros que supone el 75% del coste total.

Con esta inversión se financian los 12 equipos de tratamiento familiar que se encargan de llevar a cabo el programa y efectuar las intervenciones. Se trata de unos equipos que están integrados por un total de 38 profesionales de las áreas de la psicología, trabajo social y educación social.

La actividad de estos profesionales va encaminada a posibilitar el retorno del menor a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores. La labor preventiva de dichos equipos, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.

Asimismo, en aras de reforzar y asegurar la continuidad del programa, este año la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha aprobado un nuevo decreto que lo regula y otorga rango normativo, entre cuyos avances destaca la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable –se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias- y garantizar el respeto de la autonomía local.

Perfil de los usuarios 

Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se han adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.

Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo social presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de 4 a 6 años. El número de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida continúa siendo aproximadamente de dos.

Las familias y menores participantes en el programa vienen derivados tanto de los servicios sociales comunitarios como del Servicio de Protección de Menores.