Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, en estos días han declarado los demás investigados y ya este miércoles finalizan las declaraciones.

Cabe recordar que la pasada semana la sección primera de la Audiencia Provincial de Huelva admitió la personación de la Junta en calidad de perjudicada en esta causa al estimar el recurso interpuesto por la Administración y la adhesión al mismo por el Ministerio Fiscal contra el auto del 17 de mayo del Juzgado de Instrucción número 5 y que desestimaba a su vez el recurso de reforma contra el auto del 22 de marzo. En consecuencia, revoca ambas resoluciones en el sentido de que la personación de la Junta debe admitirse en calidad de perjudicado.

Tras una vista, celebrada la semana anterior, la sección primera procedió a admitir la personación en este sentido a fin de que el Gobierno andaluz pueda ejercitar las acciones para recobrar los fondos que hayan sido defraudados por los beneficiarios de las subvenciones, ya que es la Junta quien deberá ser «resarcida de los daños sufridos».

Las detenciones de estas personas se llevaron a cabo el pasado mes de marzo tras el análisis de más de cerca de 12 millones de euros en subvenciones aprobadas en el año 2011 para 129 entidades, lo que provocó una nueva fase de la ‘Operación Edu’. Estos agentes investigaron las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Según relata el BOJA, estas subvenciones se concedieron «con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía», estando firmada por uno de los investigados.

Fruto del estudio de estas subvenciones, los investigadores de la Policía acusan a los detenidos de haber cometido irregularidades vinculadas a la presunta comisión de delitos de Prevaricación y Malversación de caudales públicos.

A su vez, cabe recordar que el juez ordenó a la Brigada Central de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional realizar un informe de la situación patrimonial de los investigados.