El presidente de la Asociación de Mariscadores de Nueva Umbría en Huelva, Emilio Jaldón, asegura que toda la zona costera onubense, excepto la Zona Marítima de Doñana, se encuentra en una situación «muy delicada» al apreciar «una bajada del más del 60 por ciento» en relación a la captura de la coquina.
En declaraciones a Europa Press, Jaldón ha asegurado que la situación es «crítica», ya que «los alrededor de 300 coquineros, excepto los de Doñana, unos 70, cogen una media diaria de tres o cuatro kilos, mientras que hace unos cuatro años la media alcanzaba los doce», una situación que, según remarca, «no da para vivir porque sacas limpio 20 euros de ganancias».
Por ello, subraya que los mariscadores de a pie de la coquina están «desesperados porque hay muy poco marisco», una situación que «viene repitiéndose durante los últimos cuatro años, años en los que tampoco se han cobrado subvenciones por la veda o por contaminación».
De hecho, ha asegurado que durante los meses de veda de marzo y junio «no han cobrado ni un duro y, si encima después solo podemos coger cuatro kilos diarios, esto es insostenible».
A su vez, ha lamentado «la existencia de barcos faenando y capturando coquina de forma ilegal y en periodo de veda con total libertad». Por ello, hace unas semanas mantuvieron una reunión con el delegado de Agricultura y Pesca, Pedro Pascual Hernández, en el que le trasladaron que este año «ha sido el peor de los últimos cuatro y que ya no aguantamos más».
Por ello, al delegado esta asociación le solicitó, según señala Jaldón, que pidiera a la Junta y de ahí a Bruselas «el cierre del caladero para que se recupere y el pago de subvenciones por este cierre y por la contaminación, como sí ocurría hace cuatro años». En definitiva, el colectivo viene demandando a la Junta que «finalice con los agravios comparativos que sufren y que regularice el marisqueo para salvaguardar el caladero».
LA JUNTA, «MUY SENSIBLE»
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, se ha mostrado, en este sentido, «muy sensible» con las dificultades que rodean a los profesionales del marisqueo.
«El sector cuenta con nuestro respaldo absoluto y nuestro compromiso para velar por la sostenibilidad del caladero y sus recursos y, por ende, por el futuro de una actividad económica de la que dependen en la geografía onubense en torno a 600 familias», ha manifestado.
No en vano, el responsable de este departamento de la Junta de Andalucía en Huelva ha recordado «la fuerte presión» que se ejerce sobre «el grave y dañino problema de la actividad ilegal».
Algo que, según ha concretado, tiene un reflejo claro en los 639 expedientes sancionadores abiertos por parte de los Servicios de Inspección Pesquera entre enero y junio del presente ejercicio, de los cuales el 82 por ciento (524) está relacionado de un modo directo con la extracción furtiva de bivalvos como la chirla o la coquina, entre otras especies, ya sea por faenar sin licencia, en zonas de producción cerradas por el riesgo sanitario que entraña la presencia de biotoxinas o dentro de los periodos de parada biológica establecidos para la regeneración del caladero.
SITUACIÓN LEGAL DE ZONAS DE PRODUCCIÓN
Pedro Pascual Hernández ha hecho también un llamamiento a la concienciación de aficionados y turistas para que respeten una actividad profesional acogida a un sistema legal de regulación y control sanitario, un punto en el que ha puesto el acento en los peligros que entraña el consumo de pescados y mariscos comercializados fuera de la línea de trazabilidad, sin olvidar las duras sanciones económicas que acarrea el hecho de faenar sin licencia, desde los 301 hasta los 60.000 euros –entre 60.001 y 300.000 euros si se hace en zonas cerradas por la presencia de biotoxinas como la DSP–.
En esta línea, el delegado territorial ha explicado que en estos momentos está prohibida por motivos sanitarios la captura y comercialización de la coquina procedente de las zonas de producción de Isla Canela, Barra del Terrón y la Desembocadura del Piedras.
Sí tienen luz verde los profesionales del sector para la extracción de este bivalvo en las aguas de Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas y el espacio marítimo de Doñana. La flota de la chirla, por su parte, cuenta con la totalidad del caladero abierto –Isla Canela, Barra del Terrón, Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas y espacio marítimo de Doñana–.
En este sentido, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural recuerda que el cierre preventivo de los caladeros cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente se enmarca dentro del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz.
Las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización –sanciones graves– y entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por la presencia de toxinas –sanción muy grave–.
