La Junta ha comenzado a abonar más de medio millón de euros en ayudas al alquiler para viviendas destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados que habían solicitado este apoyo económico de la Junta de Andalucía dentro de la orden aprobada en 2015. La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda ha abonado ya estas ayudas a 67 familias de las más de 400 que han resultado finalmente beneficiarias en la provincia. La Delegación tiene previsto sufragar próximamente otras 94 ayudas más y está culminando la resolución para el abono de la cerca de 300 restantes.

La delegada de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, ha resaltado el valor de estas ayudas para las familias onubenses con más dificultades para acceder y sostener una vivienda y ha explicado que “este apoyo económico que ya se está sufragando subvenciona el 40% de la renta de alquiler de la vivienda habitual y permanente, sin que ésta pueda superar los 500 euros al mes y, tampoco, 6,5 euros por metro cuadrado útil de la superficie de la vivienda”.

María José Bejarano ha subrayado “el firme compromiso del Gobierno andaluz con las familias con menos recursos en sus políticas de acceso a la vivienda” y ha anunciado que “este apoyo tiene su continuidad con la aprobación de una nueva línea de ayudas, cuyo plazo para presentar solicitudes ya se encuentra abierto hasta el próximo 6 de agosto, para aquellas personas interesadas en optar a este respaldo económico para el alquiler de sus viviendas”.

Junto a Huelva, la Junta ha iniciado ya este proceso de pago en la provincia de Córdoba, donde las solicitudes resueltas favorablemente han sido 894. Estas ayudas cuentan con una cuantía total a nivel regional que asciende a 13,6 millones de euros de la que se beneficiarán cerca de 10.000 familias andaluzas.

La Junta está cerrando ahora el proceso de tramitación de estas ayudas con la culminación de las resoluciones previas al pago de las mismas, proceso que se ya se ha completado Huelva y Córdoba, provincias a las que se sumará próximamente Cádiz, donde se está culminando la aprobación de las citadas resoluciones.

Nueva orden ayudas para solicitar

De forma paralela a la gestión de estos pagos, la Consejería ha aprobado una nueva orden de ayudas al alquiler para este año con un montante total de 16,3 millones de euros para toda Andalucía que puedan sufragar desde un 40% a un 80% de la cuantía del arrendamiento, dependiendo de la situación socioeconómica y del riesgo de exclusión social de los solicitantes. Para esta convocatoria de ayudas se exige estar empadronado en la vivienda, contar con una renta de alquiler mensual no superior a los 500 euros y disponer de ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM.

En esta nueva línea de ayudas, la Junta ha dispuesto de un nuevo procedimiento de tramitación más ágil para poder dar una respuesta más inmediata a los solicitantes con respecto a la anterior convocatoria. Así,  incorpora novedades como el establecimiento de nuevos procedimientos que simplifican el trámite de solicitud y su resolución como, por ejemplo, la presentación de la documentación necesaria, que se hará de manera conjunta a la solicitud, lo que acortará notablemente los plazos de tramitación. Además, se contará para la recepción de las solicitudes y la verificación de la documentación con el apoyo de entidades colaboradoras como ayuntamientos o empresas municipales de vivienda.

La dificultad en la gestión de las ayudas correspondientes al pasado año ha venido motivada por el alto número de solicitudes, superando cualquier previsión con más de 29.000 presentadas, el carácter novedoso de la convocatoria y la dilación provocada por el requerimiento estatal para que los beneficiarios estuviesen al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, según la Consejería.

Junto a estas ayudas, el departamento de Fomento y Vivienda tiene abiertas otras líneas de apoyo a las personas con dificultades para acceder y mantener su vivienda, como las ayudas de 3,8 millones de euros para las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios, cuyo presupuesto fue ampliado, o las ayudas dirigidas a personas en situación de especial vulnerabilidad, con un presupuesto total de 4,3 millones de euros, y que ha beneficiado ya a 2.463 familias.