El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha archivado el segundo procedimiento que le quedaba pendiente con la justicia a la expresidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Manuela de Paz. En concreto, el juez acuerda el sobreseimiento de una causa abierta por presuntos delitos de prevaricación, contra la integridad moral, falsedad, malversación de fondos públicos, contra el derecho de los trabajadores y fraude de subvenciones.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el citado juzgado ha emitido un auto, con fecha del 21 de julio, en el que archiva esta causa abierta a raíz de una denuncia del sindicato CCOO.

Desde el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO se denunció un supuesto delito de prevaricación al «haber utilizado la presidenta del puerto, en su condición de autoridad-funcionaria pública, la adjudicación a Sandetel de trabajos contenidos en la asistencia técnica para la renovación tecnológica, modernización, mejora de seguridad y gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones de la Autoridad Portuaria con un presupuesto de inversión de 1,1 millones de euros».

En concreto, aseguran que se produjo esa adjudicación «haciendo caso omiso a las recomendaciones del Ministerio de Fomento (organismo competente en Puertos del Estado) que, a través de un informe jurídico, desaconsejó categóricamente dicha adjudicación». También la denunciaron por contratación de personal sin concurrencia ni publicidad.

Cabe recordar que la Fiscalía pidió el archivo de este procedimiento en febrero de 2014, pero desde el sindicato se solicitaron nuevas diligencias de pruebas que fueron admitidas en su momento y ahora finalmente archivadas.

OTRO PROCEDIMIENTO
Éste no ha sido el único procedimiento por el que la expresidenta del puerto ha sido llamada a declarar, ya que el pasado mes de mayo este mismo juzgado archivó otra causa contra la expresidenta y el exdirector del puerto Pedro García en la que se les acusaba de un delito medioambiental, falsedad documental y fraude de subvenciones en las obras de ampliación sur del muelle Ingeniero Juan Gonzalo.

Según rezaba en ese auto, el juez acordó el sobreseimiento y el archivo de la causa al considerar que «no aparece debidamente justificada» la perpetración de este delito, que dio motivo a la formación de la causa.

El auto analizaba profundamente todos los supuestos y realiza un estudio detallado de los hechos para concluir que «teniendo en cuenta la inexistencia de los delitos contra el medio ambiente inicialmente imputados, quedan sin contenido los otros dos delitos imputados de falsedad documental y fraude de subvenciones».

Esta denuncia fue interpuesta por el mismo sindicato en relación al proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, al entender que no fue solicitada la preceptiva evaluación medioambiental prevista dada la posible afectación de espacios protegidos de la Red Natura 2000 declarados LIC y «todo ello con la intención de no perder la financiación de parte de las obras, un 80 por ciento, con fondos Feder».

Una de las veces que fue citada a declarar, en junio de 2015, la propia Manuela de Paz señaló a los periodistas si lo que «realmente está buscando CCOO es el bien de los trabajadores o busca, por revanchismo, echarme del puerto».