Ecologistas en Acción ha solicitado al Gobierno central en funciones, a la Junta de Andalucía y al Consejo de Participación de Doñana la paralización cautelar inmediata del proyecto Marismas Occidental en el entorno del Espacio Natural Doñana, consistente en el almacenamiento subterráneo de gas natural en la comarca de Doñana y la creación de las infraestructuras necesarias para ello, cuyas obras han sido iniciadas esta misma mañana.

La organización ecologista recuerda además a la Administración Central y la Autonómica, a la Administración Local y a los Órganos de Participación que es su obligación luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y santuario de la vida salvaje, y que en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias y renovables, deben oponerse al citado proyecto de almacén de gas en Doñana.

Ecologistas en Acción ha comprobado este lunes que han comenzado las obras para realizar el mencionado proyecto de Gas Natural para el uso del subsuelo de Doñana como almacén industrial, a pesar de encontrarse la autorización estatal concedida al proyecto bajo el paraguas de su reconocimiento de utilidad pública, pendiente de la resolución del recurso de alzada en contra de la misma interpuesto por esta organización ecologista.

Los ecologistas comprobaron in situ el sábado pasado que en las inmediaciones de la sede central de Gas Petroleum España en Doñana ya se encontraba la maquinaria necesaria para iniciar los trabajos de los proyectos para la construcción de infraestructuras e inyección de gas para su almacenamiento en el subsuelo de Doñana. Asimismo, la finca contigua, de propiedad pública de la Junta de Andalucía estaba marcada para la realización de zanjas, del mismo modo que la verja de separación con el camino de Taranjales, al norte de El Rocío, y la finca colindante al otro lado del camino, de propiedad privada.

Los proyectos pretenden utilizar algunas infraestructuras ya existentes y construir otras nuevas: 16 nuevos sondeos y 13 nuevos gasoductos de interconexión con más de 70 kilómetros. La empresa madrileña EMOI parece ser la encargada de desarrollar estas obras pues hay vehículos con el distintivo y logotipo de la misma en la zona que han empezado a trabajar esta misma mañana.

Todo ello –según la organización ecologista– «demuestra que el Gobierno en funciones de España ha sido impulsor del proyecto de convertir Doñana en almacén de gas que fue aprobado por un ministro dimitido por evasión de capitales en el caso de los papeles de Panamá y que a día de hoy parece que va a ser recolocado en el Banco Mundial, en contra de todas las autoridades españolas y europeas competentes y obviando experiencias anteriores desestimadas por su peligrosidad».

Para el portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, «el Gobierno ha obviado la recomendación de la UNESCO de no realizar estos trabajos y no almacenar gas en el subsuelo de Doñana, ha incumplido la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental que requiere que todos los proyectos sean evaluados de forma conjunta y considerando los efectos acumulativos, ha ignorado el principio de precaución de la Unión Europea obviando otros proyectos similares y en zonas sensibles como Doñana que han tenido que ser abandonados por los graves problemas causados como explosiones y movimientos sísmicos nada más ser iniciados y por los riesgos potenciales que presentaban tanto para las personas como para medio ambiente, como la contaminación de acuíferos o el elevado consumo de agua».

«Reiteramos nuestra petición a la Junta de Andalucía de paralización de las obras hasta que sea resuelto el recurso de alzada, pues si bien sus competencias ambientales se refieren al espacio protegido, el trabajo actual se hace en terreno propiedad de la Junta y además, dentro del proyecto subdividido en cuatro está prevista la intervención dentro del Espacio Natural Doñana y la Red Natura 2000», ha indicado Juan Romero.

Asímismo, la organización ecologista pide al presidente del Consejo de Participación de Doñana que lleve a cabo los acuerdo adoptados por la Comisión Permanente de este Órgano. En particular el acuerdo adoptado en marzo de 2015, de instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central en funciones a la paralización de los trabajos hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto en su conjunto.

EQUO

Por su parte, EQUO Andalucía ha insistido en la “obligación” que tiene el Gobierno andaluz de impedir que los trabajos sigan adelante.

“Desde el Gobierno central y el autonómico se han venido favoreciendo los intereses de la empresa, troceando un proyecto que debería haberse estudiado como un todo. Se ha empleado la argucia legal de dividirlo para facilitar la obtención de los permisos ambientales necesarios”, ha asegurad Brito, que ha reclamado a la Junta de Andalucía “responsabilidad” a la hora de valorar el “impacto global”.

Por otro lado, la también coportavoz de EQUO Andalucía – que es además parlamentaria, Carmen Molina- ha hecho hincapié en el riesgo que supone que se habilite un almacén de gas en el subsuelo de Doñana, tanto para el ecosistema como para la ciudadanía; un “riesgo ante el que no nos quedaremos de brazos cruzados. Exigiremos que se denieguen los permisos a las distintas partes del proyecto que pretende acometer Gas Natural, y seguiremos trabajando para que desde el Gobierno andaluz se apueste por otra clase de energía, 100% renovable, que garantice la conservación al tiempo que favorece la creación de puestos de trabajo estables”.