La Junta de Andalucía pondrá en marcha 102 cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) de los que se beneficiarán, a partir de este otoño, unos 1.530 desempleados en la provincia de Huelva y para los que se han destinado cuatro millones de euros. A esta oferta se sumarán en breve las correspondientes al programa a de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo y las acciones formativas para trabajadores ocupados.
Según ha explicado el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, el Gobierno autonómico ha priorizado el desarrollo de acciones formativas que permitan al alumnado la obtención de certificados de profesionalidad con los que pueden hacer valer su cualificación en toda la Unión Europea, lo que supone una garantía de la utilidad de esta formación a la hora de acceder a un empleo y de calidad.
El delegado ha destacado que se retoma la FPE como un instrumento al servicio de las políticas de empleo, para favorecer la creación de empleo, que es el objetivo prioritario de la Junta, para mejorar la competitividad de las empresas e impulsar sectores productivos estratégicos.
Manuel Ceada ha recordado que la Junta destinará 71,5 millones a la realización de estos cursos de FPE en Andalucía y que se han distribuido entre las provincias en función del porcentaje de personas inscritas como demandantes de empleo. A su vez, en la selección de especialidades se han tenido en cuenta las necesidades específicas de cualificación y las demandas de los empresarios de la provincia, prestando especial atención a sectores productivos estratégicos.
En concreto, en la provincia se impartirán cursos de montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves, fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial, organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltáicas y térmicas, manipulación de equipos con sistemas frigoríficos que utilizan refrigerantes fluorados, servicios de restaurante, venta de productos y servicios turísticos, atención sociosanitaria a personas en el domicilio, agricultura ecológica, cuidado y manejo del caballo, socorrismo en espacios acuáticos naturales, inglés financiero y creación y gestión de microempresas, entre otras áreas.
La nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas se concretará en subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. A estas ayudas podrán optar las entidades inscritas o acreditadas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de FPE de Andalucía que cuenten con los medios suficientes y adecuados.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días desde la publicación de la orden en BOJA el pasado viernes día 2. Podrá utilizarse el modelo disponible en la dirección utilizarse el modelo disponible en la dirección https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtualFPE/, del portal de la Junta de Andalucía. Una vez presentadas, el periodo máximo de resolución y publicación será de cuatro meses.
Para poder participar en las acciones formativas, las personas interesadas deberán constar en alta como trabajadoras desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Tendrán prioridad en el acceso a los cursos las inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas desempleadas de larga duración, entre otras.
La nueva convocatoria incorpora criterios de baremación cuantificables que garantizan la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, además de la prohibición de subcontratar las acciones formativas. También establece una única forma de pago, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma, un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40 por ciento restante tras la justificación total de la subvención concedida.
La concesión y los pagos de las ayudas estarán sometidos a las máximas garantías de control a través de un procedimiento de fiscalización previa cuyo diseño ha sido validado por la Intervención General de la Junta de Andalucía. La justificación final se realizará mediante la presentación de la cuenta general de la actuación y el informe de un auditor -en el caso de las entidades locales se requerirá el certificado de los interventores de estas administraciones-. Deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la programación establecida.
