Izquierda Unida implica a todas las instituciones, desde el Parlamento y la Junta de Andalucía, pasando por el Congreso de los Diputados hasta llegar a las instancias europeas, para lograr la “suspensión cautelar” inmediata de las obras de almacenamiento y transporte de gas de la empresa Gas Natural en el espacio natural de Doñana y su entorno. Para ello, IU ha desplegado una serie de iniciativas que incluyen una petición gestionada a través de la Comisión de Apelaciones europea para que una delegación de la Cámara en Bruselas visite Doñana, así como el registro de una iniciativa en el Congreso para paralizar este proyecto.
En el marco de esta actuación, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y loS diputadOS andaluces en la Cámara Baja, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere -esta última firmante de la proposición no de ley registrada y presentada hoy-, junto a otros dirigentes locales, se han desplazado hasta la provincia de Huelva y el entorno de Doñana para explicar con detalle el alcance de la actuación coordinada emprendida por esta formación.
“Doñana no tiene precio y no puede ser objeto de negocio”, ha sentenciado Maíllo al inicio de un encuentro con los medios en la capital onubense. El máximo dirigente regional andaluz de IU detalló cómo esta formación se ha dirigido ya a la Comisión de Apelaciones de Bruselas para “plantear que queremos una visita europea a Doñana para que vean las obras autorizadas por el Gobierno central con una fragmentación de carácter fraudulenta para evitar controles de impacto que no habrían superado” de haberse aprobado todo el proyecto de manera conjunta, como marca la ley en casos similares.
Destacó que Izquierda Unida va a luchar con todas sus fuerzas por la “suspensión cautelar” del proyecto ante la “alarma social suscitada y que afecta a todos los sectores políticos, económicos y culturales, así como al gran patrimonio que tenemos en Doñana”.
Maíllo se mostró convencido de que “una visita desde Bruselas generaría una respuesta automática de suspensión cautelar. Sería la mejor forma de ver el daño que esto puede provocar, un daño que, además, sería irreversible para todo el entorno de Doñana”.
Junto a él, Eva García Sempere explicó que esta mañana se habían desplazado hasta allí para “conocer de primera mano cómo está Doñana y su entorno en cuanto al impacto de las obras”. Antes de detallar el contenido de la proposición no de ley registrada señaló con ironía que “no es de recibo que una de las zonas con mayor índice de protección, Doñana es la ‘Duquesa de Alba’ de los espacios naturales de este país, se permita que troceen un proyecto tan altamente impactante como un gaseoducto y un acumulador de gas en el subsuelo para intentar saltarse la legislación en materia de declaraciones de impacto medioambiental”.
La parlamentaria de IU advirtió también que esto lo ha hecho el Gobierno del PP desde Madrid “con el beneplácito del PSOE, ya que la Junta no ha puesto todas las herramientas, toda la carne en el asador, para paralizarlo, con toda la aquiescencia del Gobierno de la nación”.
“No puedes hacerte fotos en Doñana -denunció- diciendo que tienes la suerte de contar con uno de los espacios protegidos más interesantes de Europa y, por otra parte, devastarlo con un proyecto que sólo beneficia a Gas Natural y al empresariado que está detrás de todo este entramado y, por supuesto, a los políticos que luego tendrán ahí sus ‘puertas giratorias’”.
García Sempere concretó los dos puntos de que consta la parte propositiva de la iniciativa parlamentaria registrada doblemente en el Congreso de los Diputados sobre este asunto para su debate en pleno o en comisión, dependiendo de la forma que sea más rápido poder discutirla y tratar de que sea aprobada por la Cámara.
En estos dos puntos se insta al Gobierno a:
1.- Luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias.
2.- Paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto.
Antonio Maíllo indicó también que, dentro de su ámbito político de actuación, “queremos que la Junta de Andalucía sea parte, sea escuchada y se moje en Bruselas. El consejero de Medio Ambiente no se puede parapetar en que podría estar incurso en un proceso de prevaricación administrativa”.
“Los gobernantes -afirmó tajante- tienen que posicionarse políticamente y decir si están a favor de que Gas Natural haga de Doñana un sayo, su sayo para sus intereses de almacenamiento de gas y para poder meter una bomba en el subsuelo de este espacio natural o si están con la mayoría social” que se opone a ello.
Maíllo tiró de memoria y de casos ya ocurridos con una gravedad comprobada para asegurar que “aquí no queremos otro ‘Castor’ como en Castellón (en alusión al ‘proyector Castor’, también de construcción de un depósito estratégico artificial de gas natural, que tuvo que paralizarse cuando ya estaba avanzado al aumentar la sismicidad de la zona y el riesgo de terremotos) y que luego haya otra chapuza que cueste más de 1.350 millones de euros de todos los españoles para dar a Florentino Pérez para paralizarla”.
Aseguró que en Doñana, de salir mal el proyecto ahora en marcha, “costaría algo más que millones, porque sería la destrucción e iría en menoscabo de un patrimonio que tiene que ser preservado y no violado como lo está siendo por los intereses muy particulares de Gas Natural”.
