El portavoz de Unidos Por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, autor de la moción que resultó aprobada este miércoles, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la pregunta que se debe formular en la consulta popular no busca erradicar la zona ORA sino devolverle su carácter regulatorio del tráfico y que no sea una medida «recaudatoria».

Para ello, la pregunta formulada tendrá que ser: «¿Quiere usted que el Ayuntamiento haga los trámites necesarios para que la zona ORA sea solo en las zonas comerciales y en un periodo entre el 15 de junio al 15 de septiembre?».

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Punta Umbría consultadas por Europa Press han explicado que el consistorio está consultando con los servicios jurídicos la decisión adoptada por el pleno y se hará «lo que se ajuste a la legalidad».

Las mismas fuentes han aclarado que en la propia moción presentada por UPU hay «dos informes que dicen que la consulta contraviene» el punto 3 del artículo 2 de la ley 2/2001 del 3 de mayo de Andalucía de Consultas Populares Locales, en la que se dice que «quedan excluidas de las consultas las materias propias de la hacienda local».

Desde el Ayuntamiento puntaumbrieño también han señalado que en el mismo pleno se ha aprobado otra moción con el voto unánime de toda la corporación y a propuesta de la alcaldía para modificar el actual contrato con la empresa que gestiona la zona ORA, al objeto de marcar como único periodo de vigencia de este servicio público del 1 de junio al 30 de septiembre.

También se plantea en esta moción aprobada reducir en una hora su implantación, de manera que finalice a las 23,00 horas en vez de a medianoche. En opinión de la alcaldesa de Punta Umbría, esta propuesta «tienen como finalidad mejorar este servicio de cara a la ciudadanía». Desde el consistorio estiman que esta propuesta que también se ha aprobado ya recoge una parte esencial de la moción que ha hecho UPU en cuanto al referéndum.

Por su parte, Hernández Cansino ha señalado que históricamente Punta Umbría sólo tenía zona ORA en verano, cuando hay más afluencia de turistas, y sólo para ciertas calles comerciales, por lo que la propuesta busca volver a estos orígenes.

El presidente de UPU ha indicado también que la ley «le da potestad» al Ayuntamiento para celebrar la consulta y que «aunque por ley no sea vinculante, entendemos que el equipo de gobierno no va a darle la espalda a los ciudadanos en su decisión» por lo que tras el referéndum «debe actuar en consecuencia».

Hernández Cansino ha recordado que ya llevó a un pleno anterior de esta propuesta pero que «la baja justificada de un edil del PP» impidió su aprobación por el voto de calidad de la alcaldesa, Aurora Águedo (PSOE), por lo que estimó que era necesaria llevarla otra vez a pleno.

Cansino ha indicado que en Punta Umbría existen protestas en «este sentido» pero «para que nadie pueda arrogarse el sentir del pueblo lo ideal es hacer la consulta popular». En cualquier caso, Hernández Cansino ha señalado que «hay margen» para realizar el referéndum y negociar con la empresa.

REDUCCIÓN DE UN 30% DEL IBI A FAMILIAS DESFAVORECIDAS

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría ha aprobado con el voto a favor de PSOE y PP una nueva ordenanza que contempla una bonificación del 30 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles para personas desempleadas, separadas, viudas, divorciadas, víctimas de la violencia de género, menores de 30 años y, en general, con pocos recursos económicos para el ejercicio 2017.

Según ha explicado la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, se trata de una nueva ordenanza «con un carácter social muy marcado que pretende establecer un pago de impuestos más justo para aquellos a los que más trabajo les cuesta cumplir con esta obligación y más equitativo según los ingresos de cada casa».

Al hilo de lo anterior, también se ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos excepto la abstención de IU, una modificación de la ordenanza fiscal del IBI. Así, se ha decidido ampliar en un 30 por ciento las bonificaciones a las Viviendas de Protección Oficial, VPO, de La Marina y la urbanización Cayetano Hernández del Campo (SUO-1) para los próximos años cuatro años, de 2016 a 2019.

Esta medida «es potestiva del Ayuntamiento, no estamos obligado a ello», ha apuntado el concejal delegado de Hacienda, Tomás Estrada, quien ha recordado que estas viviendas «venían de una bonificación del 50 por ciento y hemos decidido que no pasaran de esta cantidad a nada».

Además, la modificación de la citada ordenanza contempla ampliar del 25 al 30 por ciento las bonificaciones en la ayuda que se da a las familias numerosas. También establece una bonificación del 95 por ciento en el IBI a las viviendas en régimen de alquiler de las barriadas Juan Carlos I, Virgen del Rocío y Piletas. Asimismo, se mantienen otras que ya existían como a fincas rurales, explotaciones agrarias y cooperativas agrarias, entre otras.

INVESTIGACIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL TANATORIO

Unidos Por Punta Umbría también logró sacar adelante en la tarde del miércoles con el apoyo de la oposición y en contra del equipo de gobierno que se incoe un expediente de investigación por la concesión del contrato para el tanatorio municipal donde desde este grupo político han detectado supuestas irregularidades que ya han llevado a los tribunales.

Hernández Cansino ha logrado así que se ponga en marcha este expediente para que se «depuren responsabilidades ya sean políticas o administrativas» en el caso de la adjudicación de este servicio a una empresa presuntamente vinculada a una asesora del anterior alcalde socialista y que además mantenía deudas con el Ayuntamiento de Punta Umbría.

El juzgado de Instrucción número 2 de Huelva ha abierto diligencias en este sentido en el que investiga delitos como prevaricación o tráfico de influencias.