El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, Pedro Jiménez, defenderá en la sesión plenaria de este miércoles una iniciativa con la que reclama que se cumplan las Proposiciones No de Ley aprobadas en el Parlamento Andaluz y empiecen así los trámites para rescatar para la gestión pública el servicio de los teléfonos de emergencia 061 y 112, asumiendo a sus plantillas en los plazos acordados para ello. A pesar de la aprobación de estas iniciativas, la Junta de Andalucía, además de no hacer nada para recuperar la gestión pública, ha autorizado a la Empresa Pública de Emergencia Sanitarias para que vuelva a contratar estas tareas.
En este sentido, Jiménez expone que “la Junta de Andalucía puso en manos de empresas privadas la gestión de ambos servicios de emergencias y éstas lo único que hacen es aprovecharse de toda la infraestructura pública que tiene para ello y someter a sus plantillas a condiciones de explotación laboral, con el único fin de obtener los máximos beneficios que pueden de todo ello”.
Estas empresas privadas se sirven de edificios públicos, usando sus equipamientos, desde las líneas de teléfonos, ordenadores y todos los complementos y detalles, incluyendo los suministros básicos, que son abonados por la Junta de Andalucía con dinero público.
Ante esta situación, Izquierda Unida reclama que “estos servicios de emergencias que realizan una labor tan importante y delicada para atender a la población se rescaten para la gestión pública y se garanticen unas condiciones laborales dignas, como sus plantillas están reivindicando”, expone Jiménez.
Desde hace más de un año se vive una situación de extrema conflictividad en estos centros de emergencias, con huelgas y protestas, generada principalmente por el afán de enriquecimiento de estas empresas privadas, que no dudan en endurecer las condiciones laborales de sus trabajadores para incrementar sus ya de por si elevados beneficios.
De esta forma, las trabajadores de estas empresas se ven sometidos a condiciones que merman su desempeño como gestores telefónicos de emergencias e impiden la conciliación de la vida laboral, dado que no le son respetados los tiempos legales de descanso, asignándoles incesantes cambios de turnos sin cadencia que les impide tener un ciclo regular y poder conciliar la vida familiar.
“Todo esto sucede ante la pasividad de la Junta de Andalucía que consiente estos atropellos laborales, con lo que se está perjudicando directamente la prestación de estos servicios de emergencia”, señala el portavoz de IU en la Diputación Provincial.
