Estos procedimientos se pueden llevar a cabo desde julio de 2015 cuando la Junta de Andalucía aprobó el proyecto de ley para modificar tres artículos de la citada Ley, con el fin de permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable.

Este recurso ha sido interpuesto por el mismo vecino de Cartaya que denunció en 2014 al alcalde por un presunto delito de prevaricación por las formas de llevar a cabo estas dos construcciones en suelo no urbanizable de la localidad en la década de los años 90, y el mismo ha sido admitido a trámite por el citado juzgado, al entender que esta resolución podría no ajustarse a derecho, «ya que estas construcciones están inmersas en un procedimiento judicial», remarca este vecino.

Cabe recordar que, de acuerdo con los cambios introducidos en la Ley, las edificaciones residenciales aisladas en las que ya ha prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística podrán regularizar su situación siempre y cuando tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o de especial protección y no estén afectadas por expedientes administrativos.

Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez requiere al Ayuntamiento de Cartaya que remita al juzgado el expediente administrativo completo, así como que notifique la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo.

En el ámbito penal, el pasado mes de mayo este vecino de Cartaya amplió su querella, que fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, contra el primer edil por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental ante la pretensión de éste de legalizar estas dos viviendas, por cuya construcción ya está investigado.

En esta denuncia exponía que el alcalde había presentado en el Ayuntamiento una solicitud para legalizar las construcciones e instalaciones existentes en una parcela en suelo no urbanizable de su propiedad. Al respecto, este vecino considera que el primer edil ha intentado que el Ayuntamiento «legalice las dos viviendas que posee en una parcela situada en suelo no urbanizable y calificado como de especial protección agrícola hasta mayo del 2015», a lo que añade que, según reza en la documentación obrante en el expediente de las diligencias previas por las que está imputado el primer edil, «no existen dos viviendas sino una vivienda y un almacén».

«CACERÍA POLÍTICA»

Por su parte, el alcalde de Cartaya ha lamentado que «la cacería política» en su contra pueda «perjudicar a cartayeros con construcciones en el campo pendientes de regularizar que alcanza las 1.450», así como que este vecino, «un exconcejal del PSOE, exteniente de alcalde y exasesor del anterior equipo de gobierno socialista, que es quien está detrás de esta acusación», únicamente lo denuncie a él.

Del mismo modo, ha asegurado que «los documentos están todos en el juzgado» y ha recordado que «esta situación, que se ha dado por el vacío legal que existía al respecto, es totalmente regularizable» al amparo del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, con el que se pretende, precisamente normalizarlas, ha concluido.