WWF informa en un comunicado de que ha detectado que entre los pozos ilegales que pretende regularizar el Gobierno muchos están situados en mitad de arroyos y corredores ecológicos, en medio de pinares y en zonas dónde el acuífero que alimenta Doñana está sufriendo descensos drásticos.

Por todo ello, WWF está llevando a cabo una campaña internacional para exigir al Gobierno y a la Junta de Andalucía que cumplan su responsabilidad y cierren ya los «más de 1.000 pozos ilegales que roban su agua y las más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales».

Del mismo modo, WWF ha presentado alegaciones al plan de la CHG para otorgar permisos temporales de uso de aguas subterráneas para el riego de 2.701,62 hectáreas de la Comunidad de Regantes Condado de Huelva, en el entorno de Doñana. WWF considera «inaceptable» que se amnistíen pozos y balsas «claramente ilegales e ilegalizables», más aún cuando la propia administración ha reconocido la «grave situación del acuífero de Doñana».

Entre las más de 1.200 captaciones que se pretenden regularizar, WWF ha detectado al menos 22 balsas y 205 pozos en áreas de especial protección de la naturaleza según el Plan de la Corona Forestal de Doñana. En la cabecera del arroyo de La Rocina, «la ‘zona cero’ del robo del agua existen 61 pozos ilegales que se pretenden regularizar en medio de zonas forestales». Paradójicamente, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo «está investigando conjuntamente con el Seprona los pozos ilegales en la zona y ya se han producido sentencias condenatorias».

También se pretenden «autorizar pozos ilegales y balsas en corredores ecológicos, aunque según la normativa del Plan Especial de la Corona Forestal deben eliminarse todas las infraestructuras al ser usos no compatibles con corredores», y se incluyen en el expediente pozos situados en zonas en las que se han producido «descensos dramáticos del acuífero que alimenta las marismas», como Matalagrana.

Según han señalado desde WWF, la propia CHG reconoce en sucesivos informes el descenso en estos lugares y el progresivo deterioro del acuífero de Doñana, mientras que la situación de las reservas de agua de Doñana «preocupa enormemente a la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por la caótica gestión del agua en Doñana».

Ante esta situación, WWF informará de forma inmediata a la Comisión Europea sobre los planes de la CHG por perpetuar la sobreexplotación del acuífero de Doñana, y por crear aún más confusión sobre el uso del agua en la zona, al dar permisos temporales a captaciones totalmente ilegalizables por su localización.

Del mismo modo, WWF pedirá a la Comisión Europea que se paralicen de forma cautelar las ayudas económicas al sector –que llevan aparejadas la exigencia de legalidad– hasta que no se aclare la situación creada por los planes del Gobierno.

Además, WWF pondrá de inmediato en manos de la Fiscalía toda la información cartográfica de que dispone y «no descarta otras acciones legales en caso de materializarse la amnistía temporal de estos pozos ilegalizables.»

PIDEN A LA JUNTA QUE TAMBIÉN SE OPONGA

Respecto al papel de la Junta de Andalucía, WWF pide que se oponga activamente a cualquier captación situada en zonas forestales o corredores ecológicos, y que aplique los criterios del Plan Especial, como el cumplimiento de la Ley Forestal Andaluza de 1992. Si los planes de la CHG siguen adelante, la credibilidad del Plan –la principal herramienta de la Junta para resolver el problema del agua en Doñana– quedaría «gravemente afectada».

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha indicado que «esta es la gota que colma el vaso» ya que para los conservacionistas es «inadmisible» que el Gobierno pretenda autorizar pozos que son «claramente ilegalizables en lugar de cerrarlos de inmediato para detener el robo de un bien público tan escaso cómo es el agua».

Según ha señalado Del Olmo, «el acuífero de Doñana está el límite y es urgente poner fin al caos y a la impunidad, por eso el Gobierno no puede esperar más para declararlo oficialmente ‘en riesgo’ y aplicar las medidas de control que prevé la Ley de Aguas», ha añadido.