Un guardia civil perteneciente a la comandancia de Huelva tendrá que ser indemnizado por el Estado después de sufrir lesiones por parte de un delincuente que, durante el juicio posterior, se declaró insolvente, motivo por el que el juez ha dictaminado que será el Estado el que se haga cargo como responsable subsidiario de la indemnización que tendrá un valor de más de 7.000 euros.
Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en una nota, en enero de 2009, un guardia civil de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (Usecic) sufrió una lesión causada por una persona durante su detención. Esta lesión llevó incluso a una operación quirúrgica y a una lesión permanente que en la actualidad le impide realizar el servicio con normalidad.
A pesar de que la Audiencia Provincial de Huelva condenó al detenido a indemnizar al miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con mas de 7.000 euros, esta cantidad nunca pudo ser recibida porque el delincuente fue declarado insolvente.
Con antecedentes de sentencias favorables en dicho sentido del Cuerpo Nacional de Policía, los servicios jurídicos de AUGC Huelva, con el asesoramiento del abogado Juan Rodríguez, procedieron a solicitar dicha indemnización a la Guardia Civil, al considerar que debe ser quien indemnice al guardia civil por sus lesiones si el condenado es considerado insolvente.
Se confeccionó entonces una solicitud de resarcimiento de daños, que fue denegada por la cadena de mando, teniendo que recurrir a la vía contencioso administrativa.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva, en sentencia número 567/2016 de 15 de septiembre, estima las pretensiones del agente porque según dicho fallo, «es claro que en supuestos en que el funcionario en ejercicio de su cargo y precisamente por ello, sufre una lesión, incluso provocada por un tercero, debe de ser indemnizado, y caso de que el tercero, causante de la lesión, fuera insolvente de modo que no satisfaga la correspondiente indemnización, deberá ser la Administración quien cubra esa deficiencia».
Dicha pretensión debe encontrar su acomodo en el principio de indemnidad de los funcionarios, que prescribe que en el ejercicio de sus funciones no puede derivar para el empleado público ningún perjurio patrimonial. Así, el guardia civil deberá ser indemnizado en una cantidad que rondará los 7.500 euros.
Según han indicado desde la AUGC estas sentencias son habituales en el Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes reciben indemnizaciones de este tipo cuando los condenados son declarados insolventes, pero es la primera vez que lo consigue un guardia civil, por tanto «se abre la posibilidad de poder recurrir a los distintos tribunales contenciosos, para reclamar este tipo de indemnizaciones, nuevamente han tenido que ser los tribunales los que nos den la razón y los mismos derechos de los que gozan otros funcionarios».
