El PSOE de Cartaya ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas contra el pago del caso Hiconsa que debe salir de las arcas municipales, que asciende a 248.146,50 euros. En esta línea, los socialistas consideran “injusto” que los cartayeros tengan que pagar con su dinero “unas costas fruto de una trama orquestada por Juan Miguel Polo (Icar), Miguel A. Gea (IU), Juan M Guerrero (PP) y Antonio Carro (PA) para ensuciar y desprestigiar la imagen de Juan Antonio Millán y otros representantes socialistas que en ese momento formaban parte del equipo de Gobierno”.
Por ello, ante la “indignación y malestar que se respira en el municipio por esta cuestión”, el PSOE de Cartaya ha iniciado una campaña bajo el lema ‘#NoConMiDinero’ que en tan solo tres días ya han recogido más de 600 firmas.
Tras conocerse la sentencia definitiva del caso Hiconsa, los denunciantes Juan Miguel Polo (alcalde), Miguel A. Gea (IU), Antonio Carro (PA), Juan M Guerrero (PP) y el Ayuntamiento de Cartaya fueron condenados al pago de las costas procesales de este juicio, que ascienden a 496.293 euros, de los que el Ayuntamiento, en su condición de acusación particular deberá pagar el 50%, es decir, 248.146,50 euros. Los socialistas señalaron que “hay razones más que suficientes para que los ciudadanos estén molestos y crispados ante tal situación porque se ha demostrado que se trataba de una denuncia falsa y que se ha convertido en una de las mayores vergüenzas para nuestro pueblo”.
Por este motivo, el PSOE local animó a todos los ciudadanos que se sientan “defraudados y utilizados a participar en esta campaña de recogida de firmas para que no seamos los cartayeros los que paguemos esta condena; y sean los que denunciaron y los que involucraron al Ayuntamiento en este asunto los que asuman las consecuencias y el pago”.
Histórico
El caso Hiconsa se urdió en el año 2009, cuando los entonces concejales de la oposición, Juan Miguel Polo (Icar), Miguel A. Gea (IU), Juan M Guerrero (PP) y Antonio Carro (PA) orquestan esta trama judicial para acabar con el Gobierno socialista de Juan Antonio Millán, y que pone en marcha el abogado José Carlos Hernández Cansino (militante del PP, ex alcalde de Punta Umbría y abogado vinculado a la empresa Aqualia).
En 2011, cuando Juan Polo toma posesión como alcalde de Cartaya, decidió llevar a pleno la implicación del Ayuntamiento en este proceso judicial, con los apoyos favorables de Icar, PP, PA, UPyD e IU, y de esta forma el Ayuntamiento de Cartaya se convirtió en acusación particular de esta trama judicial.
En mayo de 2015 se celebró el juicio por este caso, en el que se demuestra que toda esta denuncia era un montaje político y que se basaba en pruebas falsas. El juez absuelve a Juan Antonio Millán y al resto de los acusados y condena a los denunciantes y al Ayuntamiento por temeridad, mala fe y creación artificial de pruebas.
