El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha mantenido este lunes un encuentro de trabajo con los alcaldes y alcaldesas del Parque Nacional de Doñana cuyos municipios se ven afectados por el proyecto de explotación y almacenamiento de Gas Natural.
Tanto la Junta de Andalucía, como los Ayuntamientos de Almonte, Hinojos y Aznalcóllar han manifestado su más enérgico rechazo a los proyectos gasísticos, y le han pedido al Gobierno central una evaluación conjunta de los proyectos, ya que las competencias en materia de hidrocarburos las tiene el Ministerio de Industria.
José Fiscal ha explicado que “gracias a la determinación de la Junta de Andalucía, los tres proyectos de gas que afectaban a Doñana están de facto paralizados, tanto el de Marismas Oriental, como el de Saladillo y el de Marismas de Aznalcázar; y esto ha sido porque la Junta de Andalucía no ha otorgado las respectivas Autorizaciones Ambientales Unificadas”.
Fiscal ha recalcado que “eso no quiere decir que no haya uno de los subproyectos, el de Marisma Occidental, que ha iniciado sus obras fuera del espacio de Doñana hace un par de meses; y por ello, precisamente le pedimos al Gobierno central esta evaluación conjunta y que cuente con la opinión de todas las administraciones afectadas”.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha recalcado que “la situación ha cambiado mucho en los últimos cinco años, y más desde los incidentes sísmicos de Castor; que es una experiencia que hay que tener muy en cuenta”.
Fiscal ha recalcado que “entendemos que sólo con una evaluación conjunta tendremos conocimiento exacto de los riesgos sísmicos que esta actividad podría producir en la zona; y entendemos que las administraciones que no lo han hecho tienen que hacer un replanteamiento para garantizar el buen estado de Doñana”. Por ultimo, Fiscal ha advertido de que “esta reivindicación de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos la llevaremos a las administraciones que tengamos que llevarla, tanto dentro, como fuera de España”.
Por su parte, los alcaldes y alcaldesas de los tres municipios afectados han agradecido la rotundidad con la que la Junta de Andalucía ha abordado esta problemática. Para la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, “este es un asunto de máxima preocupación para la ciudadanía que vive junto a Doñana, de ahí que nos tengamos que mantener firmes en la defensa de este espacio natural”.
Por su parte, el alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, ha indicado que “lo que está en juego es el futuro de toda una comarca, que está volcada con Doñana y con el desarrollo sostenible, y estos proyectos no nos aportan nada”. En términos muy similares se ha manifestado la alcaldesa de Aznalcázar, Manuela Cabello, que ha exigido al Gobierno central “que atienda las reivindicaciones de los pueblos afectados, ya que las competencias energéticas están en su mano, y el Gobierno central es el principal responsable de lo que ocurre”.