Según ha informado la organización ecologista en una nota, bajo los lemas #SalvemosDoñana y #ResistenciaDoñana, Greenpeace ha montado un campamento de resistencia a la entrada de la instalación con activistas bloqueados y con una gran pancarta en la que se lee ‘Doñana no es un almacén de gas’. Además, escaladores de la organización han montado otro campamento en lo alto de una de las estructuras en la zona del proyecto.

Con esta acción Greenpeace quiere denunciar que el proyecto es «tan peligroso como innecesario» y que «nos aleja de cumplir con los compromisos que España va a asumir al ratificar el Acuerdo de París mañana en el Congreso de los Diputados».

La organización mantiene que el proyecto de Gas Natural Fenosa autorizado por el Gobierno central en el Espacio Natural de Doñana «pone en riesgo la biodiversidad y el futuro de este lugar protegido» y ha recordado que viene precedido por casos como el del almacén subterráneo Castor en Castellón, «que produjo más de 500 terremotos y una indemnización con dinero público a la empresa de casi 1.400 millones de euros». «Además, supone seguir apostando por un modelo energético basado en combustibles fósiles que alimentan el cambio climático», ha añadido Greenpeace en su comunicado.

En la misma línea, Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace, ha señalado que se ha empezado a paralizar las obras que Gas Natural Fenosa «está realizando para transformar Doñana en un almacén de gas dado que ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía han tenido suficiente voluntad política para detener este inaceptable proyecto».

«Gas Natural Fenosa sabe que este proyecto es insostenible y parece que lo único que busca son los 358 millones de euros de reclamación por responsabilidad patrimonial si la Administración paraliza sus obras», ha añadido.

Para Greenpeace, de seguir adelante el proyecto, este espacio corre el riesgo de perder alguna de sus figuras de protección, como es la de Patrimonio de la Humanidad, ya que este organismo podría incluirla en Lista de Patrimonio Mundial en Peligro en 2017. Para ello, España debe entregar un informe el 1 de diciembre donde se recojan las medidas necesarias que va a tomar para cumplir con las recomendaciones de este organismo internacional.

Asimismo, mantienen que para lograr estas autorizaciones, la empresa dividió en cuatro los proyectos, «para así disminuir aparentemente los impactos ambientales». «Con esta argucia, Gas Natural Fenosa ha obtenido del anterior Gobierno en funciones la declaración de utilidad pública a sus pretensiones, algo inaceptable dado la importancia de los daños que se puedan causar al lugar», han denunciado.

Greenpeace considera que el proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana debe detenerse porque afecta al espacio protegido de Doñana y a su fauna emblemática, puesto que altera y fragmenta el hábitat de la misma; es un «impedimento» para el cumplimiento del Acuerdo de París, pues sigue con la apuesta a los combustibles fósiles; no se ha realizado una Evaluación Ambiental «adecuada al partir en cuatro el proyecto»; «cede terreno público para uso privado a una empresa con ex políticos implicados en la concesión de los permisos»; supone una «grave desigualdad de trato» con los habitantes de la zona al dar «privilegios» a Gas Natural Fenosa.

Asimismo, consideran que pone en riesgo de contaminación el acuífero 27 de Doñana del que se abastece la población local, que representa «un peligro de sismicidad inducida al igual que sucedió en el almacén de gas Castor en Castellón»; que «se están dilapidando fondos concedidos hace décadas, por el Estado y Bruselas, para la conservación de Doñana y su entorno» y advierten de que el almacenamiento de gas «es un negocio arriesgado ya que se trata de una inversión muy cara cuya rentabilidad se basa en un supuesto fuerte aumento de la demanda de gas nacional y europea, que no corresponde con la realidad»

«Todos estos condicionantes son suficientes para determinar que el proyecto de Gas Natural Fenosa no es compatible con el desarrollo sostenible de Doñana y su comarca, la cual vive principalmente de su entorno natural, la agricultura, el turismo y la pesca», subraya Greenpeace, que defiende que hay alternativas mejores para el desarrollo de la comarca y el empleo basadas en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, así como otros empleos verdes sin necesidad de poner en peligro los valores ambientales y culturales del espacio protegido de Doñana.

Por eso, Greenpeace pide tanto al Gobierno central como la Junta de Andalucía «activar inmediatamente», y en el marco de sus competencias, las acciones políticas y jurídicas necesarias para detener el proyecto. Igualmente, pide a la empresa que abandone el proyecto de extraer y almacenar gas en el espacio natural de Doñana y de renunciar a solicitar cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial a las administraciones, «la cual finalmente terminaría pagando la ciudadanía».

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