La vicesecretaria general del PSOE de Huelva y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha destacado este lunes la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía que servirá para “blindar” los derechos de los andaluces que reciben ayudas y para garantizar a ayuntamientos y diputaciones el poder desarrollar estos programas. Sólo en dependencia, en la provincia de Huelva supone blindar las 17.093 prestaciones que se llevan a cabo con 12.987 beneficiarios en los que se gastan un total de 77 millones de inversión al año de dependencia en la provincia.
En rueda de prensa, Márquez ha especificado que se garantizan decretos como el de inclusión social que tiene una repercusión en la provincia de 1,8 millones de inversión para los ayuntamientos para contratar a personas en riesgo de exclusión social y más de medio millón para suministros vitales.
También se contemplan en este sentido ayudas a las familias con menores en riesgo con 593.000 euros y una red de garantía alimentaria para la que en Huelva hay adheridas 42 entidades. Márquez ha señalado que esta ley sitúa a Andalucía a la cabeza de los derechos con una norma que tiene en cuenta la gran transformación social que sufre Andalucía y la crisis financiera, para regular el cuarto pilar del Estado de Binestar.
Para la parlamentaria socialista, esta ley permite poner a las personas en el centro del sistema público de servicios sociales, y garantiza el derecho de la persona a decidir su programa de intervención y disponer de un profesional de referencia, además de prever la voluntad anticipada de los recursos ante una incapacidad futura. La socialista ha señalado que se trata de una ley “novedosa” que confía en “ayuntamientos y diputaciones” que al ser las administraciones más cercanas son las que “atienden estos problemas”.
A este respecto, Márquez ha señalado que la Diputación provincial de Huelva tiene un presupuesto de 21 millones de euros para su programa de servicios sociales, algo que esta ley va a conservar con un sistema “para devolver la dignidad a las familias y no de beneficencia”. La ley incorpora cláusulas sociales, garantiza y amplia los escenarios de participación con consejos sectoriales que “aunque ya existen no se recogía en la antigua ley de servicios sociales”, del mismo modo “refuerza la coordinación intersectorial e incorpora el concepto de género”.
