La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha destinado durante este año un total de 885.000 euros a financiar las 91 plazas que la residencia para personas mayores Madre de Dios, de la localidad de Almonte, tiene concertadas con la Junta de Andalucía.

El delegado territorial del ramo, Rafael López, ha puesto de manifiesto estos datos con motivo de una visita a estas instalaciones, a las que ha calificado de referente en la asistencia que se presta al colectivo en la provincia de Huelva. López ha estado acompañado en el acto por la alcaldesa del municipio almonteño, Rocío Espinosa, y el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo.

La residencia Madre de Dios ofrece a personas mayores en situación de dependencia una atención integral a sus necesidades y demandas en régimen de alojamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, así como otras actividades y programas con vistas a promover su autonomía personal y retrasar la evolución de la dependencia. En este sentido, entre sus servicios se encuentran médico y de enfermería; fisioterapia; talleres de psicoestimulación, de terapia ocupacional y de animación geriátrica, y control de errantes.

El responsable provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales está llevando a cabo una ronda de visitas a los diferentes dispositivos y recursos incluidos en la red del sistema de atención a la dependencia en Huelva, con el objetivo de resaltar “el esfuerzo que está realizando la Junta por el mantenimiento y la mejora de estos servicios, así como garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los mismos”.

Al respecto, ha recordado que Andalucía lidera en el conjunto del Estado español la aplicación de la Ley de Dependencia. De hecho, en estos momentos, nuestra comunidad gestiona más del 23% del total de personas con derecho a prestación en España, lo que significa que prácticamente 1 de cada 4 prestaciones concedidas en toda España corresponden a Andalucía (1 de cada 3 en el caso de la ayuda a domicilio).

En concreto, en Andalucía existen en la actualidad 178.200 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, 13.681 de ellas en Huelva, que suponen una inversión anual estimada de 1.160 millones de euros (77 millones en la provincia onubense).

Y todo ello, incluso teniendo en cuenta los recortes impuestos por el Gobierno central, que durante los últimos años ha reducido en alrededor de 508 millones de euros su aportación a Andalucía en esta materia. Así, según los últimos datos del propio Observatorio Estatal de la Dependencia, el Ejecutivo central sólo aporta el 18% de la financiación del sistema -frente al 50% que fija la ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo hasta el 82% del gasto público certificado en el último año.

Con objeto de hacer frente a esta situación, la administración andaluza ha incrementado nuevamente este año en un 2,5% el presupuesto en este apartado, que seguirá creciendo paulatinamente hasta alcanzar el 10% al final de la legislatura. De esta forma, se persiguen agilizar los pagos a las entidades y corporaciones locales que prestan servicios.

En esta misma línea, el delegado territorial ha recordado los últimos avances de la Junta en este campo, entre los que destacan la aprobación del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia y del proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, “normas que nos siguen situando en una posición de avanzadilla con respecto a otras comunidades”.

El plan tiene como finalidad disminuir situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran en este estado, así como promover la autonomía personal y prevenir el agravamiento de la dependencia en personas que ya están contempladas como dependientes. Mientras que la nueva ley persigue facilitar las mejores condiciones y los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida lo más independiente posible, garantizando además la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, aspectos que ya existían pero que se refuerzan con relación al anterior marco normativo, al incorporar un régimen sancionador.