El sector de Justicia del sindicato CSIF ha calificado de “caótica, alarmante y penosa” la situación actual de los Juzgados de lo Social en la provincia de Huelva tras elaborar un informe sobre la carga actual de trabajo y la situación de las plantillas, que siguen siendo las mismas desde más de 25 años con tan solo 30 trabajadores incluyendo a los funcionarios, los letrados de la Administración de Justicia y los jueces. Se da el caso, además, de que Huelva es la única provincia de Andalucía que tiene solamente tres Juzgados de lo Social.
Estos funcionarios tramitan y resuelven todas las materias relativas a la Seguridad Social, altas médicas, reconocimiento de grado de incapacitación de la Seguridad Social, reclamación de pensiones, despidos, reclamaciones de cantidad, vacaciones y clasificación profesional, entre otras cuestiones, así como las ejecuciones de todos estos procedimientos. Unos asuntos que, desde que comenzó la crisis en 2007, han pasado de una media de 900 anuales en la provincia onubense a la “escalofriante cifra” de 1.400 asuntos en la actualidad, según ha podido constatar CSIF en su informe. Los asuntos pendientes se han incrementado de una media de 300 en el año 2007 a más de 1.900 en la actualidad, mientras que las ejecuciones han aumentado de 140 a 175 en el año 2016. Los escritos presentados hace diez años eran de 2.400 y pasan a 2.900 en este último periodo.
Tal y como recoge la central sindical en el documento elaborado por el sector de Justicia, “a pesar de la apreciación general de que la crisis ha tocado fondo, en Huelva y su provincia los despidos, cierres de empresas y liquidación de autónomos están a la orden del día”. En diez años de crisis, los asuntos de los Juzgados de lo Social se han triplicado soportando una carga de trabajo que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobrepasa el 150% de la ratio. El CGPJ considera que la ratio de un Juzgado de lo Social con ejecuciones debe estar entre 650 y 800 asuntos anuales; sin embargo en este último año en Huelva se han superado los 1.200 en cada uno de los tres centros. La memoria anual de 2015 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) también reflejó que la media de casos anuales se situaba en de 1.366 en cada juzgado.
Este incremento del trabajo unido a lo que CSIF considera “un alarmante déficit de personal” provoca que sea “totalmente imposible resolver los procedimientos urgentísimos”, como son las altas médicas, el traslado forzoso de trabajadores y cuestiones electorales y derechos fundamentales, antes de los ocho meses. En cuanto a la tramitación de los despidos no puede haber resolución antes de quince meses. Las reclamaciones a la Seguridad Social son “imposibles de resolver” antes de los dos años y las reclamaciones de cantidad tienen que esperar casi dos años y medio. Todo ello repercute negativamente en la atención que se les presta a los usuarios y ralentiza los procesos con un número cada vez mayor de afectados.
Estrés laboral
Por su parte, la plantilla que actualmente realiza su trabajo en estos juzgados, que lleva más de 25 años sin aumentarse, está soportando -tal y como ha comprobado CSIF- “una situación laboral estresante y agotadora ya que no solamente tienen que tramitar los expedientes sino que también atienden las llamadas telefónicas, a los profesionales del derecho, así como a las personas interesadas y afectadas que diariamente acuden a los juzgados”. Debido a esta excesiva carga de trabajo, incluso dedicándole más horas sin ningún tipo de remuneración ni compensación alguna, “son cada día más llamativos los cuadros de ansiedad y de estrés laboral”. Además, desde la central sindical se advierte que “hay que tener en cuenta lo delicado que son los temas que tratan, porque detrás de cada expediente hay personas que han sido despedidas de su trabajo y que tienen familias a su cargo, ciudadanos que tienen que esperar más de un año para que su expediente se resuelva. Una situación que genera aún más estrés en los trabajadores que diariamente tramitan y resuelven los expedientes”.
CSIF explica que “hasta tal punto es preocupante el colapso de los Juzgados de lo Social en la provincia de Huelva que, debido a las repetidas quejas que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz por las graves dilaciones que se producen, a finales de enero esta figura institucional trasladó a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía la actuación de oficio que practica en abril de 2016”. En ella el Defensor pide a la Administración que promueva ante el Gobierno la puesta en marcha de dos órganos de nueva creación.
Pero ante el “escaso interés” del Ejecutivo central a la hora de crear nuevos órganos judiciales, la solución que se ha dado hasta el momento ha sido nombrar a un funcionario de refuerzo para los tres juzgados de Huelva. También tuvieron un juez de adscripción territorial hasta septiembre de 2016 con lo que el volumen de recursos de suplicación y ejecución aumentó. Por todo ello, CSIF considera que mientras tanto no se creen esos dos juzgados a los que hace referencia el Defensor del Pueblo, la solución sería un incremento de plantilla de al menos dos funcionarios más en cada centro o la creación de un juzgado de refuerzo. Debido a la “gravedad” de la situación recogida en su informe, la central sindical espera que las administraciones den solución al problema “de forma prioritaria” y “saquen de la marginalidad a la Justicia de Huelva”.
