El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cartaya, formado por Independientes por Cartaya, PP y PA, ha criticado este martes que Junta de Andalucía y Diputación reclamen ahora, 8 años después de que el Ayuntamiento rescindiera el contrato para la construcción del Pabellón de Congresos y Exposiciones, las subvenciones otorgadas para este proyecto.

Como han recordado hoy en rueda de prensa el alcalde de la localidad, Juan Polo, y el concejal de Urbanismo, el popular Gabriel Maestre, se trata de un proyecto “sobredimensionado” que el Ayuntamiento de Cartaya, en 2007 y bajo el gobierno del PSOE, inició “sin tener la financiación del mismo”, pese a que la inversión se elevaba a 7 millones de euros.

Un proyecto que quedó aparcado definitivamente dos años después, el 30 de junio de 2009, tras resolver el Ayuntamiento el contrato con la empresa constructora e indemnizar a la misma por valor de 1,3 millones al no acabarse las obras y tras varias adendas para prorrogar la inversión.

El actual equipo de gobierno sostiene que desde un principio el Ayuntamiento, gobernado por entonces por el PSOE, nunca tuvo asegurada la financiación del proyecto (le correspondía hacer frente a 4,3 millones de los 7 totales), a los que se debían sumar 2,3 de la Junta y 666.000 que, en 2011 y dos años después de la resolución del contrato y saberse que no se iba a ejecutar la obra, entregó la Diputación, entonces gobernada por la socialista Petronila Guerrero.

Precisamente este aspecto, ha sido denunciado por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartaya, el popular Gabriel Maestre. Éste ha subrayado que “este proyecto comenzó con dudas sobre su legalidad en 2007, ya que no contaba con financiación ni con informe del interventor”.

Asimismo, ha proseguido el popular, la Diputación, a dos meses de las elecciones municipales de mayo de 2011, concedió al Ayuntamiento una subvención de 666.000 euros en lo que “presuntamente fue una subvención política y electoral encubierta a sabiendas de que esa obra ya había sido resuelta e indemnizada la empresa”. Una operación “para un proyecto fantasma” que para Maestre “raya lo delictivo” y por la que ha pedido explicaciones tanto al PSOE como a la entonces presidenta de la a Diputación, Petronila Guerrero, pues se ha preguntado “a dónde ha ido ese dinero que en el Ayuntamiento no está”.

Con todo, el alcalde de la localidad, Juan Polo, ha apelado a la “lealtad institucional” y ha señalado que hay un acuerdo con la Junta de Andalucía para la devolución del importe de la subvención de 2,3 millones concedida.

Este proyecto “fantasma” originado en la etapa de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Cartaya, y que el actual no pudo continuar por la situación de crisis económica y la ruina de 45 millones de deuda heredada tras la gestión socialista, le va a costar a los cartayeros, como ha explicado Polo, más de 5 millones  de euros, a tenor de la devolución de las subvenciones de 2,3 millones a la Junta, de 666.000 euros a Diputación y de los 1,3 millones con los que se tuvo que indemnizar a la empresa constructora por no acabar la obra. Unos costes que se pueden elevar cuando haya que demoler la estructura de este fallido Palacio de Congreso y Exposiciones.