Juan Escobar González, secretario acción sindical de la sección sindical de INFOCA, ha criticado que “hace un mes que José Fiscal, consejero de medioambiente, prometió como hace todos los años, que el dispositivo INFOCA estaría funcionando al 100% a partir del día 1 de junio, ya que en este momento se considera un periodo de alto riesgo para los incendios forestales de los montes públicos”. En este sentido, Escobar ha asegurado que “estas declaraciones están muy alejadas de la realidad ya actualmente la plantilla del Plan INFOCA no se encuentra contratada en su totalidad y como no podía ser de otra forma, el motivo económico es el más recurrente para justificar la falta de personal”. Escobar ha destacado que “mientras el quipo del Infoca se encuentra bajo mínimos, el gobierno andaluz no escatima en gastos para la presentación del plan”.
El sindicalista ha denunciado que “el dispositivo del Infoca sigue padeciendo carencias de personal en categorías como las de conductor de auto-bombas, vigilantes de torres (cada vez mas infravalorados) , especialistas de extinción y este año también carece de conductores de las Unidades Móviles de control de incendios” . Así, ha continuado Escobar, es imposible que estas unidades estén operativas las 24 horas del día, como debe ocurrir en los periodos de alto riesgo.
En este sentido, Escobar ha tildado la actual situación de “caótica” y ha explicado que “hay interpuestas cientos de demandas tanto por parte de los distintos sindicatos como por parte de los trabajadores y trabajadoras a título personal, por contratos en fraude de ley, trabajos de superior categoría del personal encargado y técnicos, movilidades funcionales injustificadas, impago de pluses de nocturnidad en el colectivo de administrativos”.
Para Escobar “toda esta situación de desconcierto laboral, está acarreando un gasto a las arcas de la Junta de Andalucía que debemos recodar que pagamos todos los contribuyentes andaluces. La Agencia (AMAYA) ha realizado un contrato externo con un bufete de abogados para poder afrontar la enorme cantidad de litigios a los que tiene que hacer frente y así poder salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra actualmente por su mala gestión”. “Esto nos va a costar a todos los contribuyentes aproximadamente unos 200.000 euros”, ha señalado