La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha reabierto el caladero de chirla en el Golfo de Cádiz con una serie de medidas destinadas a garantizar la recuperación y conservación del recurso, según recoge la orden que publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El texto elaborado por la Consejería, que incluye las principales demandas del sector, establece en 2.500 toneladas el tope máximo de captura al año, cantidad recomendada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) para asegurar la recuperación sostenible del recurso.
Asimismo, el tiempo de pesca permitido para las 96 embarcaciones de draga hidráulica que capturan chirla será de tres horas al día como máximo (en el tramo de 5.00 a 16.00 horas de lunes a viernes, tal y como establece la orden de 13 de junio de 2013). En este sentido, la Consejería deja abierta la posibilidad de ampliar esta limitación en función de los estudios de evaluación y seguimiento científico. La campaña de la pesca de chirla se extiende de julio a abril, ya que los meses de mayo y junio se aplica la veda establecida en la orden de 25 de marzo de 2003.
El consejero Rodrigo Sánchez Haro ha insistido en que la reapertura del caladero se hace al 60% de sus posibilidades, por lo que es fundamental implementar medidas de control y gestión para afianzar su recuperación. «Debe de haber además un compromiso e implicación veraz, seria y constructiva por parte del sector, ya que si no cumple las normas, las medidas que se establezcan no van a tener efecto alguno».
El titular andaluz de Pesca, que ha vuelto a subrayar la importancia de tener una interlocución permanente con el sector, ha informado de que la orden contempla la posibilidad de que sean las propias entidades representativas de esta pesquería las que, mediante un acuerdo unánime, fijen una cantidad máxima de comercialización y primera venta en las tres lonjas autorizadas para esta especie (Isla Cristina, Punta Umbría y Bonanza). Este consenso, que permitiría equilibrar la pesquería y evitar la denominada pesca olímpica (pesca indiscriminada sin limitación temporal de capturas hasta agotar la cuota reservada), sería adoptado por la Consejería y publicado en el BOJA para su obligado cumplimiento.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, será la encargada de llevar a cabo el seguimiento científico de los bancos de chirla del Golfo de Cádiz. En el caso de que los muestreos determinen un rendimiento medio de captura inferior a 0,8 kilogramos por minuto (punto de referencia biológico establecido por el IEO para que la actividad sea sostenible), la Junta reducirá un día de jornada de pesca, mientras que si es inferior a 0,6 kg por minuto se procederá al cierre del caladero.
La orden especifica asimismo que las lonjas y centros de expedición asociados, en los que las embarcaciones están obligadas a realizar la primera venta de sus productos, también velarán por el cumplimiento de las medidas. En caso de incumplimiento por parte de algún barco, la lonja deberá proceder a su denuncia comunicándolo a la delegación territorial pertinente.
Por último, y siempre en el marco de la horquilla que permite la Ley de Pesca de Andalucía, se prevé el endurecimiento en la graduación de las sanciones a imponer en caso de infringir las normas establecidas durante el ejercicio de la actividad pesquera. Así, además de la imposición de multas que pueden llegar hasta 60.000 euros, la Junta aplicará sanciones accesorias de suspensión de la licencia que puede llegar hasta cinco años. Y en el caso de que la infracción se cometa en zonas marítimas protegidas (reservas de pesca), a la multa y la suspensión de la licencia se sumaría la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas de cualquier tipo por un período de dos años. De esta manera se pretende evitar y romper la dinámica de infringir y pagar, compensando económicamente sin que ello conlleve más consecuencias. Con estas medidas, que buscan un efecto disuasorio más allá de la mera multa, el objetivo final es proteger el caladero del Golfo de Cádiz y la subsistencia futura de la propia actividad pesquera de la que dependen muchas familias.
