El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva defenderá en el Pleno ordinario del próximo miércoles una moción, que le ha sido trasladada por los sindicatos CCOO y UGT, en la que pide el apoyo del Consistorio onubense a sus reivindicaciones en defensa del sistema público de pensiones y a las marchas promovidas por ambas organizaciones sindicales. CCOO y UGT han organizado unas marchas que empezarán a recorrer todo el país el próximo fin de semana para culminar en Madrid el próximo día 9 de octubre. A lo largo de cada etapa, las marchas celebrarán asambleas reivindicativas en numerosas ciudades para manifestar sus demandas, sustentadas en la necesidad de recuperar los mecanismos de dialogo social en el sistema público de pensiones y evitar que las medidas del Gobierno de Rajoy acaban con el Pacto de Toledo.
Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro sistema de Seguridad Social y por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, CCOO y UGT, han convocado estas movilizaciones en defensa de un sistema público de pensiones que debe seguir siendo garante de la cohesión y la protección social.
En la iniciativa presentada por Izquierda Unida se denuncia que de forma sutil, pero constante, se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía de la escasez de recursos. Aunque la pretensión de esto no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o por tener pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.
Los sindicatos convocantes y la propia Izquierda Unida, defendiendo esta iniciativa en el Ayuntamiento de Huelva, denuncian que estas tesis están basadas en la voluntad de mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las que se fundamentan en presentar, desde sectores con claros intereses mercantiles, a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor a la población pensionista.
Ante ello, se exige a los poderes públicos que garanticen desde el sistema público, pensiones suficientes como herramienta fundamental para que millones de personas puedan vivir con dignidad, para lo cual las cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública, como elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales.
