La vicesecretaria general del PSOE de Huelva y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha destacado que la nueva Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, aprobada recientemente en el Parlamento de Andalucía, con el voto en contra del PP, viene a “reconocer derechos y garantiza la igualdad de oportunidades”. Al hilo de ello, la ha calificado de “modélica y admirable”, ya que es una ley “ejemplar” en todo el país “por conseguir y consolidar derechos”.
Así lo ha puesto de manifiesto María Márquez en el transcurso de una visita a la Asociación de Discapacitados Físicos de Lepe (Adifle), junto a la presidenta de la Agrupación Local, María Bella Martín, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón, y otros representantes socialistas, donde la presidenta de la Asociación, Encarnación Oria, le expuso la situación del centro. Durante el encuentro, la parlamentaria andaluza ha sostenido que “esta ley hará una apuesta firme por la educación y el empleo para estas personas”.
En esta línea, María Márquez ha señalado que una de las novedades de la ley es “reorientar las actuaciones públicas desde un ámbito biosanitario y rehabilitador hacia un modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno. Además, incluye garantizar como nuevo derecho la atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años”.
Asimismo, la dirigente socialista ha remarcado que para lograr la plena inclusión social la ley contempla la creación de planes de acción integral para personas con discapacidad y la elaboración de una Estrategia para la Educación Inclusiva en Andalucía.
Del mismo modo, Márquez quiso dejar patente el compromiso establecido en la ley para que las personas con discapacidad en situación de dependencia puedan llevar una vida independiente, por ello, obliga, entre otras actuaciones, a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal.
Por su parte, María Bella Martín ha señalado que en el ámbito formativo y del empleo establece para las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal la reserva de un cupo no inferior al diez por ciento del número de plazas para personas con discapacidad. Y, por primera vez, se reserva el uno por ciento de puestos de trabajo para personas con enfermedad mental y el cinco por ciento para los cursos de formación para el empleo. Así como la reserva de al menos el cinco por ciento de las plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.
Por todo ello, tanto María Márquez como María Bella Martín han criticado que el Partido Popular votara en contra de la Ley en el Parlamento andaluz, desmarcándose del acuerdo y dando la espalda a las 720.000 personas con discapacidad que hay en Andalucía, unas 40.000 en la provincia.
