El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha instado al Ayuntamiento a que informe de los planes y las actuaciones que tiene previstas para cumplir la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que marca como plazo máximo el 4 de diciembre de 2017 para garantizar que todo espacio y edificio público sea accesible y adaptado a personas con discapacidad.
Así lo ha indicado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, quién, en rueda de prensa, ha recordado al equipo de gobierno que tiene dos meses para cumplir con esta Ley. “A día de hoy, como hemos podido comprobar, el Ayuntamiento y los edificios municipales siguen sin tener espacios adaptados”. En este sentido, ha puesto como ejemplo los baños del Ayuntamiento, que, impiden su uso a las personas con discapacidad. Por ello ha reclamado el alcalde que “informe de cómo se va a adaptar el Ayuntamiento en los dos meses que quedan de plazo a esta normativa”.
En este sentido, la popular ha insistido en que “hay edificios públicos que dependen del Ayuntamiento que siguen sin estar totalmente adaptados y eso nos preocupa, porque el Ayuntamiento debería ser el primero en garantizar la total accesibilidad a todas las dependencias de la personas con discapacidad”. Por ello, ha instado al equipo de gobierno a informar de cómo va a ajustarse a la normativa, puesto que tiene dos meses de plazo.
Precisamente en el ámbito de la discapacidad, Miranda también se ha referido al «grave perjuicio» de la nueva Ley Andaluza de Discapacidad que, a su juicio, «da la espalda al sector» en ámbitos tan fundamentales como la educación, el empleo, y la accesibilidad.
Miranda ha recordado que «sólo se ha tenido en cuenta el 10 por ciento de las 111 enmiendas propuestas por el PP, obviando las más relevantes referentes a la garantía de derechos», por lo que ha señalado que “la actitud del PSOE y la complicidad de Ciudadanos han culminado con un texto que no es más que una mala copia de la ley actual, en el que no se ponen sobre la mesa los medios y recursos para mitigar el 80 por ciento de desempleo que soportan las personas con diversidad funcional en Andalucía, que siguen siendo los grandes olvidados de la Junta de Andalucía».
Para Miranda, la ley se ha quedado «en una mera declaración de intenciones» al no concretar un porcentaje de presupuesto que garantice su financiación y cumplimiento, tal y como contemplaba una de las enmiendas presentada por el PP y que fue rechazada.
Asimismo, también ha valorado las deficiencias que, en el ámbito de la atención temprana, se dan en la Huelva y su provincia. La dirigente popular ha indicado que “durante años ha habido un gran dejadez en estos importantes temas en nuestra comunidad autónoma, afectando a miles de familias que tienen niños en estas circunstancias, ya que las listas de espera eran interminables, lo cual repercutía en la calidad de vida de estos niños y las condiciones de los profesionales.
Miranda ha señalado que en la provincia de Huelva “se están atendiendo actualmente 987 menores y hay una lista de espera de 200 menores y unos 1.500 casos aun no son atendidos, ya que, o no se han diagnosticado todavía o se está retrasando la incorporación de los niños”. Asimismo, ha recordado que en la provincia de Huelva hay 9 centros que prestan atención estos niños, de los que cinco están ubicados en la capital: Aones, Aspacehu, Aspromin, Ansares y Aspro de Sordos.
“Desde el PP solicitamos al alcalde que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a legislar mediante el consenso y el diálogo, ya que solamente escuchando a los agentes sociales y profesionales y desde la unión de los grupos políticos podemos conseguir que mejore la calidad de vida de estos niños”.
Por último, ha señalado que “en Huelva ha y más de 15.000 personas con discapacidad, que no pueden ser invisibles para este ayuntamiento ya para la Junta de Andalucía”.