(Texto: Sebastián Donaire Salas. Secretario General de UGT Huelva) La designación del día 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se produjo hace veinticinco años por la Asamblea General de Naciones Unidas, quien denuncia las dificultades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030 –entre los que se encuentra la erradicación de la pobreza- con el actual ritmo de desigual desarrollo mundial.
El día 17 de octubre, en el calendario reivindica la erradicación de la pobreza. Lejos de erradicarse, se debe ir a la raíz del asunto. Este sistema legítima a ricos y a pobres, si no hay de los segundos no existirían los primeros. Las caras de la pobreza son homogéneas en la exclusión. Familias enteras, desde el joven hasta el abuelo, como las mujeres siendo el grupo más afectado por la pobreza. Se puede hablar de la feminización de la pobreza, donde al sistema le parece lícito esta diferenciación de sexos.
Nuestros gobiernos, tanto central como autonómico, no dan respuestas a las demandas de la sociedad que reclaman un empleo digno y de calidad. Un contrato indefinido es a lo que se tiene que aspirar, no se puede suspirar por él, que ya lo hacemos para llegar a fin de mes. Las reformas laborales, están empobreciendo la clase trabajadora, quedando de relieve nuestra protección al trabajador en las empresas, quedándose prácticamente en nada.
En la provincia de Huelva, es igual que en todo el Estado. La brecha salarial es inasumible por una sociedad moderna y desarrollada. Para las mujeres paradas en nuestra actualidad es de 28.650, representando el 55.85% del total. Las personas migrantes que se encuentran parados es de 3.915, donde asciende a 2.073 en el campo y 1.292 del sector servicios. Y para las familias, donde todos los miembros están en paro son 15.800. En el cómputo de los hogares, éstos reciben ayudas externas por parte de asociaciones y ONG de la provincia, para poder subsistir.
Esto es una herida abierta desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, y parece que la tendencia va a seguir en la misma tónica. Los culpables de esta situación estructural tienen nombres y apellidos. La Troika (BCE, FMI y CE), gobierno central y autonómico, con la absoluta privatización de los derechos. Su finalidad es el crecimiento económico financiero, enriqueciendo a la banca y a las grandes fortunas, mientras que las clases populares asumen todo lo que le viene encima.
Por otro lado, los agentes del Tercer Sector ponen el parche a las grietas del sistema, desde una forma de urgencia por la extrema necesidad, que a veces hay que actuar. Esta labor debería ser ejercida y asumida por parte de las Administraciones, dando ejemplo así de lo que predican en programas y planes, que al final sólo son papel mojado.
Para que una economía sea buena, los trabajadores tienen que tener un buen salario con sus derechos cubiertos y con seguridad a la hora de encarar las cosas de la vida. Cuando cuidas a tus trabajadores, le empresa es más feliz económicamente. El mercado sigue en movimiento, y es bien sabido que nuestra clase es la más perjudicada con esta reforma laboral, pudiendo despedir a los trabajadores para volver a contratarlos de forma precaria beneficiándose las Administraciones Públicas.
Desde UGT es prioritario luchar contra la exclusión social y por tanto laboral, apostando por políticas que faciliten la inclusión activa. El empleo de calidad y mantenido en el tiempo se vincula con las buenas prácticas de actuaciones en la inserción laboral. Se antoja evidente la protección a nuestros pensionistas, jubilados y perceptores de ayudas sociales para que su poder adquisitivo no se vea mermado por causas de mercado.
Los grupos vulnerables carecen de expectativas para poseer una vivienda digna, una educación de calidad y una atención sanitaria ejemplar, siendo estos derechos conquistados y recogidos por ley. La reivindicación de la ciudadanía hacia las políticas y éstas al mercado son necesarias para trabajar de manera conjunta, aspirando a ser una sociedad mejor.
Estrategias de inclusión activa, para proteger más y mejor a quienes más la sufren. Reactivar la economía de una manera coherente, transformando el sistema financiero. Así, el Estado podría asegurar a la ciudadanía un nivel de cobertura social. Ampliar y mejorar la protección por desempleo y la cobertura económica de las personas desempleadas. UGT exige una Ley de Renta Básica para la Inclusión Social como derecho subjetivo, por el hecho de ser persona, y que se elaboren, pero sobretodo que se ejecuten Planes integrales autonómicos y locales de inclusión social.
