El 29 de julio de 1936 entraron las tropas sublevadas en el municipio de Aljaraque. No hubo guerra en el pueblo, fueron los llamados «días rojos» de Aljaraque (desde el golpe de Estado del 18 de julio, hasta ese día 29), 11 días de guerra; el resto fueron «persecución, represión y muerte». Esta es la gran conclusión a la que han llegado muchos de los participantes en las I Jornadas de Memoria Histórica de Aljaraque celebradas desde ayer viernes hasta el mediodía de hoy sábado, que han concluido con la Mesa Redonda «La Memoria es de todos».
El gran objetivo de la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH), organizadora de un ciclo de seis jornadas en la provincia, con la ayuda de la Junta de Andalucía, ha sido desgranar la información que obra en los archivos municipales, fundamentales para reconstruir esta parte de la historia. Los memorialistas de Huelva han resaltado hoy la importancia de que los gobiernos locales intenten localizar archivos privados e incorporarlos al archivo municipal, así como recabar testimonios orales que conducirán a esclarecer lo sucedido con cada caso.
La jornada de hoy ha empezado con el testimonio personal de Juan Manuel Rodríguez Santana, miembro de la junta directiva de la AMHPH, nieto del que fuera alcalde socialista de Aljaraque, cuando se produjo la sublevación, José Rodríguez Gonzalez, del Batallón Riotinto, que logró exiliarse a Chile. Pero a su mujer, Dolores Cruz Medero, la asesinaron en Cartaya. Rodríguez Santana ha contado la historia de su familia con profunda emoción y ha explicado también todo el proceso de Aljaraque y Corrales, con datos de los asesinados, exponiendo con detalle el fruto de la investigación que realiza altruistamente para recuperar la memoria de su pueblo.
El profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva Cristóbal García y el investigador autodidacta y responsable de Investigación de la AMHPH, Miguel Ángel Harriero, han expuesto el resultado del trabajo ingente que han hecho juntos en estos días previos. Han destacado la importancia, por ejemplo, de las actas capitulares, que en Aljaraque están digitalizadas, donde «nos encontramos con manuscritos con detalles curiosos como el nombramiento de hijos predilectos, las denuncias, los nombramientos y las decisiones que se tomaron; destituciones de funcionarios en la primera fase de la represión; las actas de alistamiento, donde muchos jóvenes se vieron impulsados a luchar en el bando nacional, fueran o no ideológicamente cercanos. Y aunque en los archivos del cementerio no se han encontrado datos de interés, sí en los libros de correspondencia, de entradas y salidas, datos que facilitarán estudios posteriores», ha expuesto Harriero.
En el Archivo Histórico Provincial se conservan expedientes procesales y carcelarios, que proporcionan a los investigadores datos para localizar personas a partir de 1931 y sobre todo de los implicados en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Estos expedientes servirán más tarde «para que los sublevados vayan directamente a buscar a esos encausados para fusilarlos», ha enfatizado Harriero. Así, han localizado el consejo de guerra sumarísimo a Domingo Orta, vecino de Aljaraque o la diligencia de ejecución de José Hernández Marín y su certificado de defunción. Como lamentó el investigador, «al menos hay gente que puede tener este papel. Otros miles no tienen ni eso siquiera, solo la certeza de la desaparición. Esa es la mayor desgracia, la desaparición. De quien nada consta, solo se puede hablar de desaparición». Por último, apuntó que los datos de orfandad y beneficiencia ofrecen también información muy valiosa para localizar a los represaliados y a las víctimas.
Cristóbal García centró su intervención en las funciones que tuvo el Tribunal de Responsabilidades Políticas. El régimen franquista «montó una obra de ingeniería jurídica que complementó antes, durante y después a los bandos de guerra». El trabajo judicial, administrativo y policial fue, según García, «la maquinaria perfecta que siguió a los consejos de guerra». El experto estudioso de este momento histórico de la Historia de Huelva se detuvo a relatar cómo el general Queipo de Llano ordenó la creación de las comisiones provinciales de incautación de bienes, que actuaron hasta 1939, porque en febrero de ese año se estableció la Ley y los tribunales de responsabilidades políticas, dejando el destino de quienes no estaban del lado de los sublevados en el ámbito judicial. Ya en 1940 se creó el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC). El 12 de octubre de 1941 se abrieron los expedientes contra los aljaraqueños Ramón Esteban, Carrero Rite y Rodriguez Marín. «El él ya figuraban los bienes de cada uno y ni siquiera su situación de defunción llevaba al fin del expediente. Se llegaba hasta el final, conminando a los herederos a ir a declarar ante el Tribunal hasta que se hiciera efectiva la incautación», explicó el historiador, para quien el régimen franquista ejerció «la justicia a la inversa y con carácter retroactivo, además de juzgar a las personas en varias ocasiones, ante sendos tribunales, por los mismos hechos». En suma, fue “un eficaz instrumento de control y escarmiento general que llevó a la marginación social y neutralizó a los vencidos, a quienes aplicó una derrota moral y un vencimiento espiritual», concluyó.
Alicia De Navascués, de la comisión municipal de Memoria Histórica de Aljaraque, se encargó por ultimo de moderar la Mesa Redonda. En ella, Maruca Arias, de la citada comisión; Sebastián Rivero, concejal de IU en el Ayuntamiento; Félix Ramos, responsable del Foro por la Memoria; Fernando Pineda, presidente de la AMHPH; Cristóbal García y Juan Manuel Rodríguez Santana expusieron sus distintos puntos de vista y coincidieron en la necesidad de que se sumen los esfuerzos de todos, instituciones, asociaciones y resto de organismos que de una u otra manera tienen la obligación moral de restituir el honor de los que sufrieron las consecuencias de la represión franquista. De manera particular, se pidió reconocer a las 64 personas que fueron asesinadas en este municipio onubense.
En la inauguración de ayer, el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Francisco Romero, mostró su claro compromiso con la causa memorialista; la alcaldesa de Aljaraque, la socialista Yolanda Rubio, que ha dado todo tipo de facilidades para que se puedan celebrar estas jornadas, tiene el orgullo de haber propiciado, desde su posición de máxima autoridad local, la creación de la primera Comisión Municipal de Memoria Histórica de esta provincia, una propuesta que elevó a pleno el grupo de IU, que gobierna en coalición con PSOE y con Sí se Puede. El presidente de la AMHPH, Fernando Pineda, explicó la razón de ser de estas jornadas y agradeció a todos su implicación en su desarrollo. Después del acto de inauguración, Concha Morón, nieta del periodidta Alfonso Morón de la Corte, asesinado en los primeros días de la guerra, ofreció su testimonio escalofriante sobre las vicisitudes vividas por su tío, el vecino de Aljaraque José Hernández Marín, que formó parte de la resistencia a los sublevados llevada a cabo por un grupo de personas en las primeras semanas después del 18 de julio y que fueron casi todas fusiladas.
