En relación a las declaraciones del dirigente de UGT-Fica sobre la oportunidad de inyectar gas en Doñana y su discrepancia por el rechazo del Defensor del Pueblo al proyecto da gas Natural, Mesa de la Ría señala que Luciano Gómez debería de abstenerse de dar lecciones de sostenibilidad en Doñana a nadie, siendo uno de los imputados investigados por el escándalo de los ERE´s en la franja Pirítica de Huelva.
Según Mesa de la Ría acaba de conocer, el auto de 26 de junio de 2017 del juzgado nº 6 de Sevilla señala que Luciano Gómez Gómez en “su condición de Secretario General de FIA-UGT en Huelva, presuntamente cometió un delito de malversación como coautor necesario, en la confección e inclusión de los diversos beneficiarios de la póliza de la Herrería, sin que ninguno de los beneficiarios cumpliera los requisitos para recibir dicha subvención.”
Igualmente Mesa de la Ría denuncia la barbaridad que supone que Luciano Gomez se postule en aspectos ambientales sin ningún criterio técnico, pues siendo secretario general de FIA-UGT beneficiaria del empresario, fue el máximo defensor en las últimas décadas los vertidos de fosfoyesos de empresa Fertiberia del Grupo Villar Mir, llegando incluso a asegurar que “iba a darse un baño en ellos para demostrar su inocuidad”, insultando además a todos aquellos que denunciabamos el carácter toxico de los mismos.
Para Mesa de la Ría este sindicalista vertical perdió toda la credibilidad en Huelva, cuando el Sr. Villar Mir declaró en 2013 en el caso Bárcenas y ante el juez Ruz, que los “únicos pagos que efectuó fueron para la sección sindical de FIA-UGT de Fertiberia en Huelva”, dirigida en esas fechas por Luciano Gómez, lo que además fue reconocido por la propia UGT.
En relación a los proyectos de la ampliación del Polo Químico de Huelva hacia Doñana, Mesa de la Ría considera un crimen que tanto la inyección de Gas Natural, así como las inyecciones de Repsol propiciadas por Enagás en la costa de Doñana, no se paralicen inmediatamente, habida cuenta del informe de los riesgos sísmicos elaborado por los doctores Doblas, Cantó y Barea que Mesa de la Ría llevó al Comité de Peticiones en Bruselas y que, con posterioridad, han hecho suyos tanto, el CSIC, la Junta de Andalucía y, ahora, el propio Defensor del Pueblo.
