El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso de la Junta de Andalucía contra la anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ecologistas en Acción exige a la Junta de Andalucía que reaccione rápidamente, adoptando medidas cautelares para impedir operaciones especulativas mientras se tramita y aprueba de nuevo el Plan.
El TSJA anuló en 2017 este Plan por defectos de forma, no por invadir competencias municipales como esgrimieron muchos ayuntamientos, sino porque fue aprobado por el Gobierno andaluz en mayo del 2015, no teniendo competencia para hacerlo al estar en funciones. Ahora el TS ratifica dicha anulación al inadmitir el recurso de la Junta, por razones que parecen, cuanto menos, extrañas y discutibles. El TS esgrime que «la cuestión realmente controvertida versa sobre la interpretación y aplicación del derecho autonómico», considerando que el máximo órgano judicial interpretativo es el TSJA. Parece como si que el TS no tuviera jurisprudencia en Andalucía.
Lo cierto es que este Plan está anulado, y que las zonas que protegía están ahora desprotegidas, quedando al albur de promotores urbanísticos y ayuntamientos su urbanización. Ya el ayuntamiento de Barbate, que ha sido el que recurrió el Plan anulado, se ha felicitado con la anulación definitiva de este plan porque así «los municipios podrán volver a hacer uso del suelo afectado para el desarrollo urbanístico si así lo consideran oportuno».
El objetivo central del Plan era garantizar la conservación de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección. Este espacio, que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, ha sufrido un grave e irreversible proceso de degradación. Aunque el objetivo que esgrimió la Junta de Andalucía era frenar el proceso galopante de urbanización del litoral, lo cierto es que llegó tarde -ya se encuentra urbanizado el 40% de esa franja litoral-, y de forma insuficiente, ya que respetó la mayor parte de los suelos declarados urbanizables, donde se pueden construir 143.000 viviendas, lo que es un auténtico disparate, pues en Andalucía hay un stock de 130.000 viviendas sin vender y otras 224.178 vacías.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, declaró en sede parlamentaria y en diferentes medios de comunicación que, caso de anularse definitivamente el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, se volvería a aprobar en esta legislatura, pues ha desaparecido la causa que motivó su anulación por el TSJA, que era actuar en funciones, estando el actual gobierno en plena capacidad para aprobarlo.
Es pues urgente que la Junta de Andalucía reaccione y proceda a aprobar un nuevo decreto, tal y como hizo en 2012, de medidas urgentes para garantizar la preservación de la franja costera y evitar su urbanización manteniendo la suspensión cautelar de proyectos urbanísticos en los suelos urbanizables y la prohibición de nuevas recalificaciones hasta la aprobación del nuevo Plan del Litoral, que necesariamente tiene que ser más ambicioso que el anulado.
Lo que ha sido un nuevo varapalo judicial para la Junta de Andalucía, tiene que convertirse en una oportunidad para garantizar la protección de la totalidad del litoral no urbanizado.
