La Fiscalía de Huelva ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa de los cursos de formación para el empleo, en el que están investigados el que fuera delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, y seis cargos públicos y funcionarios del SAE en Huelva.

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos investigados en el informe por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones de la Junta para cursos de formación, “no son constitutivos de delito y no pueden considerarse ilícitos puesto que tienen su amparo en la norma de la convocatoria». Por tanto, «las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas» y «no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono”.

La Fiscalía asegura que «no se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos», al tiempo que considera que “no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos”.

La conclusión a la que llega la Fiscalía es que sí hay algunas irregularidades o deficiencias, pero que éstas tendrían repercusión en el ámbito administrativo pero no «alcanzan a integrar los delitos de prevaricación y malversación».

Tampoco ve el Ministerio Fiscal ánimo de lucro propio o ajeno, ni pérdida de fondos públicos, ni un plan para actuar de manera conjunta o de acuerdo con las empresas supuestamente beneficiadas.

EL PSOE PIDE AL PP QUE PIDA PERDÓN

Para los socialistas onubenses, que “siempre hemos creído en la honradez y en la honestidad” del que fuera delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, y de su equipo, es, sin duda, “una noticia tranquilizadora y reconfortante” que el Ministerio Fiscal señale que los hechos investigados en el informe –que elaboró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional- por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación “no son constitutivos de delito”.

Según reza el escrito oficial, “no pueden considerarse ilícitos puesto que tienen su amparo en la norma de la convocatoria, las actividades llevadas a cabo no serían arbitrarias ni injustas y que no había una voluntad conjunta de los investigados para actuar al unísono”. De igual modo, agrega que “no es ilícito el destino dado a los fondos que se emplearon para subvencionar los cursos, ni tampoco se puede equiparar menoscabo con malversación de fondos públicos”.

Los socialistas onubenses, aunque no esperan un gesto de humildad por parte de aquellos políticos que se han regodeado con esta causa y con estas personas honestas y entregadas a una función pública y política sincera y noble, no quieren dejar de exigirles, de manera particular por su especial ensañamiento, al Partido Popular que “agache la cabeza y pida perdón por esa posición beligerante y malévola con la causa de la formación en Huelva”.

El PSOE de Huelva “siempre ha creído en la Justicia y siempre respeta al máximo los asuntos judiciales, de los que no habla ni opina hasta que no se resuelven, tal es el caso que nos ocupa”. Pero, desgraciadamente, esta postura de mínimos exigibles en un país democrático y en una sociedad madura como la nuestra no la respetan el resto de partidos, menos que ninguno el Partido Popular, que ha usado hasta las respetabilísimas sedes parlamentarias para su regodeo. Sus cabezas visibles no han perdido tiempo para opinar, sacar conclusiones y someter al escarnio público y a la más descarnada y despiadada de las críticas a las personas investigadas y que ahora, después de un calvario personal, profesional y político de varios años, años de sus vidas que no podrán ser reparados de ningún modo, ven cerca el final de esta amarga etapa”.