El sindicato CSIF ha anunciado movilizaciones durante los meses de mayo y junio por “la parálisis y el abandono” que sufre la Administración de Justicia, lo que “está agravando y perpetuando los problemas que lastra este servicio público desde hace años”.
En el caso de la provincia de Huelva, CSIF recuerda el problema de la gran carga de trabajo que tienen que soportar los empleados públicos, con las mismas plantillas desde hace 25 años, y especial incidencia en los juzgados de lo Social, donde se ha triplicado el trabajo, y el “colapso” de los juzgados de Ayamonte -en el Registro Civil sólo hay una persona atendiendo- y La Palma del Condado.
La central sindical vuelve a denunciar “las lamentables condiciones laborales” de los trabajadores y ha denunciado cómo tras el compromiso de la Consejera de empezar a cubrir las bajas médicas del personal de Justicia tras un mes de ausencia, esta medida apenas duró tres semanas. CSIF asegura que se está volviendo a la situación anterior -con esperas de tres meses para suplir esas bajas-, lo que supone “la desatención de los órganos judiciales y del ciudadano y la sobrecarga de trabajo de las escuetas plantillas de la Administración, que soportan una de las mayores tasas de litigiosidad, de pendencia y de congestión del territorio nacional, según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial”.
“Ante la pasividad de la Administración y ante el descontento de los empleados públicos de la Administración de Justicia”, CSIF convoca concentraciones que comenzarán el próximo 28 de mayo en Sevilla y que se harán extensivas al resto de provincias de Andalucía (las fechas se irán comunicando durante las próximas semanas) “por unas condiciones laborales dignas y un servicio público de calidad”.
El sindicato insiste en que “la Junta prefiere paralizarlo todo y no tener que aceptar la exigencia de CSIF de llegar a un acuerdo para establecer un calendario de negociación de aquellos puntos en los que urgen dar soluciones, y entre los que se incluye la justa actualización del complemento específico autonómico -sin revisión desde 2009 y único que reintegra la Junta de Andalucía-, reconocer el papel del funcionario de Justicia en los años de crisis y avanzar en la modernización y agilización de este sector implantando el nuevo modelo organizativo”.
