Un total de 410 familias y 821 menores en situación de riesgo o desprotección fueron atendidos el año pasado por los equipos de tratamiento familiar (ETF) de la provincia de Huelva, una cifra similar con respecto a 2016 en relación al número de familias (404) y un aumento de 62 respecto al número niñas y niños (759).

La directora general de Infancia y Familias de la Junta, Ana Conde, ha dado a conocer estos datos con motivo de la inauguración hoy de la VIII edición de las jornadas ‘La evaluación y reparación del daño en el niño, niña y adolescente’, que han reunido a los profesionales e instituciones que participan en la aplicación del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo o Desprotección (PTF) en Huelva, impulsado por la administración autonómica en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes -Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque-, y cuyos objetivos fundamentales son promover los derechos y el desarrollo integral de los menores en un ambiente familiar normalizado, así como apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños y niñas que están su cargo.

En el acto Conde ha estado acompañada por el delegado territorial del ramo, Rafael López, y el diputado provincial de esta área, Salvador Gómez.

Las jornadas se han concebido como un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre el trabajo del personal técnico involucrado en esta prestación, en la que intervienen los servicios sociales comunitarios, los ETF y los servicios de Prevención y Apoyo a la Familia y Protección de Menores de la delegación territorial. En este sentido, se ha procedido a profundizar en la definición de daño significativo que un niño, niña o adolescente puede experimentar y en los necesarios cambios que esta metodología implica en la dinámica de trabajo. También se han analizado los entornos familiares en que los menores viven y se desenvuelven, cuyas condiciones pueden provocar un daño significativo a corto, medio y/o largo plazo en su bienestar y desarrollo. Por último, ha tenido lugar una mesa de experiencias donde se han expuestos distintas iniciativas de reparación del daño que se están llevando a cabo en este ámbito, como las de un Equipo de Tratamiento Familiar de la Diputación de Cádiz, la Unidad de Tratamiento de Adima y el Servicio de Orientación y Psicoterapia de la Asociación Elipse.

Características

El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha tomado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo o desprotección y de reunificación familiar.

Su realización es posible gracias a la firma anual de convenios de colaboración entre la Junta y las entidades locales, que son las encargadas de implementarlo a través de los equipos de tratamiento familiar. Para ello, reciben una partida del Gobierno andaluz que este año asciende a 1.125.935,00 euros y que va destinada a financiar el mantenimiento de los 13 ETF existentes en Huelva, dependientes de la Diputación y los ayuntamientos onubenses de más de 20.000 habitantes. Estos equipos, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares, son los responsables de ejecutar el programa y efectuar las intervenciones con los usuarios.

La labor preventiva de los ETF, realizada bajo criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.

En aras de reforzar y asegurar la continuidad del programa, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aprobó en 2015 un nuevo decreto que lo regula y otorga rango normativo, entre cuyos avances destaca la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable -se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias- y garantizar el respeto de la autonomía local.

Programa de las jornadas y datos más significativos

En las jornadas se ha abordado la reparación del daño emocional en la infancia y adolescencia y profundizado en las técnicas de intervención para fomentar el apego, la autorregulación y la competencia ejecutiva.

Otros de los temas tratados han sido el análisis y evaluación de contextos familiares en riesgo o desprotección a través del genograma, profundizando en los perfiles y estructuras familiares de familias en riesgo y desprotección de los ETF onubenses, en el marco de la tesis doctoral de la Universidad de Huelva denominada ‘Análisis de la práctica profesional de los Equipos de Tratamiento Familiar: un análisis a partir de la provincia’.

Entre los indicadores más positivos del PTF que se han registrado en 2017, sobresale el número de casos cerrados en ambos subprogramas en los que la intervención concluyó con los objetivos alcanzados. En concreto, en el 70,69% de las atenciones completadas quedó preservada la integridad de los menores o se produjo el retorno a sus familias de origen.

Asimismo, la derivación de casos al Servicio de Protección de Menores para la posible adopción de una medida protectora se ha producido en 19 de los 372 atendidos en el subprograma de riesgo, lo que representa el 5,10%. Se trata de una cifra bastante inferior al 13,34% del ejercicio 2010, fecha en que se inició la contabilización estadística.

Igual de destacable es que el número de menores atendidos en situación de riesgo o desprotección ha alcanzado el mayor valor de la serie histórica desde 2010, con 751 en comparación a los 492 de dicho año. Este dato confirma el carácter eminentemente preventivo del programa y su plena consolidación en la red de recursos del sistema de atención a la infancia en la provincia de Huelva.

Del mismo modo, los profesionales siguen potenciando el trabajo de reunificación con sus familias de origen de los menores de hasta 6 años -el 51,21% del total-, una franja de edad de especial importancia de cara a facilitar el contexto de seguridad necesario que posibilite la reintegración con sus progenitores.

Por su parte, en cuanto a la duración media de las intervenciones, en el subprograma de riesgo el 51,48% de los casos se cerró en un tiempo inferior a los 18 meses, mientras que en el de reunificación el 100% finalizó por debajo de los 24 meses.

Perfil de los usuarios

Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; un 31% son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social y un 26 % son familias numerosas; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.

En cuanto al nivel educativo parental, el 50% no ha finalizado los estudios obligatorios y un 6% presenta analfabetismo. En el apartado de la situación laboral, el 22% está en desempleo, el 23% tiene contratación temporal y el 13% desempeña el trabajo en la economía sumergida.

En cuanto a los ingresos de la unidad de convivencia, el 26,59% percibe menos de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional -que para 2018 está en 10.302,60 euros- y el 35,37% entre el 50-100% del SMI. Los progenitores presentan inestabilidad o precariedad laboral en el 57,56% de los casos, encontrándose el 45,37% en situación de desempleo.

Estos datos son especialmente relevantes, ya que se trata de hogares con niños y niñas que carecen de recursos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de los menores, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado, representando el 62% de los participantes. Las transferencias sociales han contribuido a disminuir los datos de pobreza como, por ejemplo, el Programa de Ayudas Económicas Familiares de la Junta de Andalucía, gestionado por las entidades locales, que han beneficiado al 41,53% de los niños y niñas atendidos en los ETF.

Con relación a los factores de riesgo asociados a las familias, el 57,32% presenta ausencia de conciencia del problema y el 55,85% falta de motivación para el cambio. El 62,44% de las familias tiene alguno de sus miembros con problemas psíquicos y/o comportamentales, en el 68,54% se dan conflictos de pareja o conflictos familiares en la unidad de convivencia y en el 23,17% se han producido situaciones de violencia de género.

Otros factores de riesgo son las adicciones en un 34.39%, la discapacidad igual o superior al 33% alcanza al 21,22% de la población atendida, mientras que el aislamiento social está presente en el 26,34% de las familias.

Con respecto al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo presentan una edad media de entre 6 y 11 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de 12 a 17 años. Asimismo, el 30,45% de los niños y niñas han estado expuestos a situaciones de violencia de género (un total de 250 menores). Los indicadores de riesgo más significativos son los problemas comportamentales en el 40,56% y los problemas psicológicos en el 39,46%.

Por último, en cuanto a las tipologías de desprotección más significativas destacan la negligencia parental en un 63,58% y el maltrato psicológico/emocional en un 47,75%. Otro factor de riesgo de interés es la incapacidad parental para el control de la conducta, que se da en el 34% de los casos.