El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial, Ezequiel Ruiz, ha trasladado a los ayuntamientos el requerimiento para que aquellos que aún no han presentado la moción para la Declaración de Municipio Libre de Acciones contra la Memoria Democrática lo hagan sin dilación, para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática que se aprobó en el Parlamento de Andalucía en marzo de 2017. Los socialistas llevan también esta iniciativa al pleno de la Diputación de este mes de julio.
Así, Ezequiel Ruiz ha considerado que es este un asunto prioritario para los socialistas onubenses porque muchas de las personas que sufrieron la persecución y la muerte lo fueron “por el hecho de ser socialistas, ser afiliados o tener algún tipo de afinidad con el PSOE o por desempeño de cargo público en representación del partido”. “Gracias a las iniciativas promovidas por la Junta de Andalucía, que ha dado a la memoria la importancia que merece, y al trabajo minucioso que las asociaciones memorialistas están realizando en la provincia de Huelva, vamos conociendo cómo crece la cifra de asesinados. En enero barajábamos –ha recordado el también diputado provincial- el dato de más de 8.000 personas, pero ya se manejan cifras escalofriantes que elevan a más de 10.000 las víctimas mortales de la guerra civil y a otros miles los represaliados por el régimen franquista”.
Por ello, “estamos hablando de un número muy elevado de onubenses que perdieron la vida de manera violenta en aquellos terribles años, muchos de ellos no se sabe siquiera dónde están sus cuerpos. Si hay más de 10.000 asesinados, las víctimas reales -mujeres, maridos, padres, madres, hijos, hijas- ahora reconocidas como tales por la citada Ley, se pueden multiplicar por tres, por cuatro, o no se puede siquiera precisar, por lo que estamos hablando de un número de damnificados demasiado alto y excesivamente doloroso para una provincia pequeña como la nuestra, donde se han contabilizado al día de hoy 124 fosas, pero se está en estudio sobre cuatro terrenos más”. Otro dato que se puede avanzar es que Huelva “es la segunda provincia andaluza en número de fosas, detrás de Sevilla y, en proporción a su población, la más numerosa”, ha dicho.
Desde el PSOE, “estamos convencidos de la importancia de recuperar la memoria y rendir homenaje a todos aquellos que lucharon por la libertad y por defender el Gobierno de la República democráticamente establecido después de unas elecciones en las que el pueblo manifestó su preferencia; y contra el régimen franquista que, después de ganar la guerra, realizó una de las políticas represivas más fuertes de la historia de la humanidad”. Ruiz ha dicho que, “desgraciadamente, la provincia de Huelva pagó un alto precio y, como dicen los memorialistas, en esta provincia prácticamente no hubo guerra, solo hubo represión, porque Huelva fue una de las primeras en ser ocupadas por las tropas del general Franco y la resistencia se redujo principalmente a las zonas minera y de la sierra”.
Por eso, “para nosotros, la recuperación de la memoria histórica es un deber moral basado en la verdad, la justicia y la reparación de todas aquellas víctimas de la represión franquista que vieron truncadas sus vidas por el mero hecho de tener unos ideales de izquierda”. De ahí esta moción, en la que “reclamamos que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las Leyes de Memoria Histórica y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y que suponga la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 1936 o del franquismo. Asimismo, instamos a las corporaciones a que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de esta norma que trata de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista”.
Donde los socialistas gobiernan se muestra “nuestra apuesta por recuperar la memoria histórica, como es la aprobación de la propia Ley andaluza de marzo de 2017, el incremento en más del 70% de los presupuestos de la Junta en esta partida para 2018, la constitución por parte del Gobierno andaluz en cada provincia de oficinas de atención de memoria histórica o la aprobación en enero de este años de los trámites para la elaboración del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022”, ha concluido.