El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Huelva, con fecha 20 de julio de 2018, ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el portavoz de UPU, José Carlos Hernández Cansino, contra el Decreto de alcaldía por el que se adjudicaba el proyecto urbanístico en las parcelas de los antiguos depósitos a la empresa RIAUMBRÍA TOWERS S.L., ordenando además requerir al Ayuntamiento el expediente administrativo de la venta.

Desde UPU recuerdan que «la adjudicataria fue la única oferta presentada, a la cual la alcaldesa le ha aceptado  una variante sobre el proyecto licitado, consistente en construir dos torres de 19 plantas, en lugar de las 4 torres de 11 plantas inicialmente ofertadas, aumentando además el número de viviendas de 172 a 196,  24 viviendas más de las ofertadas». El proyecto se ejecutará en las parcelas de los antiguos depósitos de agua y del aparcamiento situado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en la avenida Ciudad de Huelva.

EL GOBIERNO MUNICIPAL LE RESTA IMPORTANCIA

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría reitera la legalidad de la adjudicación del proyecto de la Avenida Ciudad de Huelva, tras la admisión a trámite por parte del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Huelva del recurso interpuesto por Hernández Cansino.

La concejala delegada de Urbanismo del Ayuntamiento puntaumbrieño, Bárbara Carrasco, ha mostrado su “tranquilidad porque la admisión a trámite de una denuncia no significa que paralice ni suspenda el proyecto”. Carrasco ha indicado que “está completamente dentro de la legalidad y cuenta con toda la documentación necesaria”.

Para la concejala puntaumbrieña “esa es la manera habitual de actuar de Hernández Cansino, utilizar maniobras político-judiciales que después quedarán en nada y que sólo buscan evitar el progreso de Punta Umbría y ensuciar el nombre del pueblo”.

Carrasco ha indicado que, “como siempre, Cansino está en contra de la creación de 500  puestos de trabajo en Punta Umbría e intenta paralizar la mejora de toda la ciudad”.

El proyecto de la avenida Ciudad de Huelva se extiende por una superficie de algo más de 30.000 metros cuadrados de los que, únicamente, una sexta parte está destinada a viviendas y comercial.

La reordenación se hará sobre una superficie de 30.182 metros cuadrados, distribuidos entre 5.210,78 m2 de suelo residencial y comercial, 1.772,33 m2 dotacional, 3.714,15 m2 administrativo, 2.405,07 m2 de suelo en áreas peatonales, 5.950,57 m2 de zonas verdes, 2.381,17 m2 de aparcamientos y 8.747,93 m2 de viario público.

Del mismo modo, el proyecto proporciona reservas de suelo para espacios libres y zonas verdes, además de las dotacionales, superando con creces los mínimos exigidos por la legislación. Del mismo modo, se recoge la creación de unas 300 plazas de aparcamiento, entre las que se encuentran en superficie y bajo rasante.

Proyecto ilegal, segun UPU

Según Hernández Cansino, “el proyecto es ilegal, pues vulnera tanto la Ley de Costas como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”.

El portavoz de UPU aclaró que el propio arquitecto municipal ha informado que la propuesta realizada por la adjudicataria “supone anular la permeabilidad visual” y  “también supone un apantallamiento respecto a la zona de ciudad jardín colindante, extremo que no se considera aceptable”. “Y el artículo el artículo 17.7 de la misma LOUA  dispone que en la Zona de Influencia del Litoral se evitará la urbanización continua y las pantallas de edificación” recordó Hernández.

“Igualmente el artículo 75 de la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía, por no destinar las parcelas integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo a viviendas de protección oficial u otros usos de interés social ni el importe de la misma se va a destinar a los usos previstos en el número 2 de ese artículo, según consta en los presupuestos municipales que también han sido impugnados”. Advirtió Hernández Cansino. Incluso el Portavoz de UPU recordó que la Sentencia de 29 de octubre de 2012 de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJA ya anuló la venta del SAPU nº 5 2 “por vulnerar la misma normativa, por lo que la alcaldesa es plenamente consciente de su ilegalidad”.

Venta de suelo municipal por debajo del precio

El precio de venta ha sido el tipo de licitación, 3.868.663,76 €, según la valoración del suelo se ha realizado por un arquitecto externo por encargo expreso de la alcaldesa, pese a contar el ayuntamiento con 5 arquitectos municipales, 3 superiores y dos técnicos y que valoraron las parcelas en 5.174.767,41 €. “Se ha bajado el precio 1.306.103,65 €, un 25,23 % menos, pese a que todos los indicadores marcan el incremento del precio de la vivienda nueva en los tres últimos años y así siguen las perspectivas para el futuro”, apuntó José Carlos Hernández.

Procedimiento contratación «a medida» del adjudicatario

El portavoz municipal de UPU considera que “desde el principio el procedimiento de contratación ha sido un traje a medida para los socios de la empresa adjudicataria,  y no sólo ellos, sino todo el mundo sabía  en el pueblo de antemano que lo serían, e incluso dejé constancia de ello en un sobre lacrado ante el secretario municipal el día que se aprobaba el pliego de condiciones”.

Hernández Cansino ha aclarado que con esta operación «se produce un aumento brutal de volumen», de tal manera que se pasa de un total de 54 viviendas que se preveían  en el sector a 196 aumentándose la densidad 18 a 65 viviendas por hectárea, una actuación que ha calificado de «aberración urbanística» y de «vuelta al pasado, al urbanismo de los años 60 y 70 de las grandes torres de apartamentos». Todo ello con la única intención, según el portavoz, de «hacer caja beneficiando a los de siempre olvidándose del derecho al acceso a la vivienda de los más desfavorecidos».

El portavoz independiente asegura que según la memoria de la ordenación del sector «el objetivo perseguido es que venga a vivir la gente de Huelva todo el año a Punta Umbría» por lo que «se renuncia a hacer viviendas de alquiler o de alquiler con opción a compra, solicitándose la exención de la obligación legal de dedicar el 50% del 10% de cesión obligatoria de aprovechamientos a construir viviendas para los grupos sociales mas desfavorecidos».

Hernández Cansino lamentó que el PP de Punta Umbría “trague con esta ordenación a la antes se oponía, pues llegó a pactar con el PSOE bloques de un máximo de 9 plantas” y espera que ese cambio de criterio no se deba a “los intereses personales y familiares que tiene en el proyecto una ex ministra de su partido”.

Por último anunció que “UPU seguirá adoptando todas las medidas políticas y legales necesarias para que no se consume este proyecto, y recordó que “siempre nos opondremos a todo lo que huela a corrupción porque a quien se le roba es al pueblo”.