Tras la sentencia de este miércoles del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que España ha sido condenada a pagar una sanción de 12 millones por el incumplimiento de la directiva sobre depuración de aguas residuales urbanas, el partido verde EQUO ha exigido al Gobierno central que se ponga manos a la obra para solucionar definitivamente un problema que viene de muy atrás y que sigue sin resolverse, y desde EQUO Andalucía Verdes han reclamado a la Junta que cumpla también con la parte que le corresponde.

La formación política reclama la necesidad de abordar la gestión del agua desde un pacto por el agua que ponga en marcha una política de aguas sostenible que mejore la salud de los ríos y garantice el acceso. Además de la problemática de la depuración de aguas residuales, hay otros problemas urgentes relativos al agua como son los limites del recurso, la política de expansión de regadíos, el impacto de grandes embalses proyectados, la tensión que generan los trasvases, la política de privatizaciones y el incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas.

Esta es ya la tercera ocasión en que se condena a España por el incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre aguas residuales, tratándose en cada caso de distintos municipios españoles que no depuran sus aguas residuales.  En esta ocasión, los incumplimientos a los que hace referencia la sentencia son en 17 municipios o urbanizaciones de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar bien sus aguas, y entre las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas figuran ocho andaluzas, Matalascañas e Isla Cristina en la provincia de Huelva; Alhaurín el Grande, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y Nerja en la provincia de Málaga; y Tarifa y Barbate en la provincia de Cádiz.

En este sentido, y teniendo en cuenta que buena parte de las obras pendientes de acometer en los municipios señalados son competencia de la Junta, el partido verde en Andalucía no ha dudado en reclamar también al Gobierno andaluz que cumpla “con las leyes y con lo comprometido tantas veces” y garantice la correcta depuración de las aguas. Desde EQUO Andalucía recuerdan que desde mayo de 2011 la ciudadanía andaluza está abonando un canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración en el recibo del agua, lo que le iba a permitir disponer –a fecha de 31 de diciembre de 2015- de las depuradoras de aguas residuales consideradas de interés, al objeto de cumplir con los requisitos establecidos por Europa en la normativa de aguas.

Pero el acuerdo no se ha cumplido, “y sin embargo el denominado canon de mejora se sigue abonando religiosamente, reconociéndose un desfase entre los ingresos recaudados con el canon y la inversión ejecutada”, lo que para EQUO “pone de manifiesto la falta de compromiso de la Junta con el derecho de los andaluces y andaluzas, que pagan por unos servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua que no se llevan a cabo con la eficacia y calidad necesarias para cumplir la normativa y proteger la salud de nuestros ecosistemas y de la personas”.