El Pleno del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva (CESpH) ha aprobado este martes una propuesta de dictamen sobre la economía sumergida en la provincia de Huelva, en la que se pone de manifiesto que los niveles de economía ilegal alcanzan el 27,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, situándose muy por encima de los índices de economía sumergida de España (21,6%) y de Andalucía (22,1%).
El dictamen, elaborado por la Comisión de Economía y Análisis de Mercado de Trabajo, resalta que estos niveles de economía sumergida propician que “la economía onubense deje de contabilizar casi 2.500 millones de euros, lo que es lo mismo que aseverar la existencia de una enorme bolsa de fraude”.
El presidente del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva, Juan José García del Hoyo, ha destacado que “en términos de empleo, el CESpH estima que la economía sumergida de la provincia de Huelva oculta el equivalente a 42.573 empleos, lo que situaría la tasa de paro en torno al 10% frente al 24% estimado por la Encuesta de Población Activa”.
En el mismo sentido, el nivel de fraude fiscal derivado de la economía sumergida puede superar los 200 millones de euros anuales y generar un fraude a la Seguridad Social de 342 millones de euros.
Los sectores productivos que se correlacionan más positivamente con la economía sumergida son la agricultura y los servicios y los que menos efectos tienen sobre ella, serían la industria y la construcción, siempre según el CESpH. Un ejemplo de ello, según García del Hoyo, “sería la segunda vivienda, de las que hay declaradas en la provincia de Huelva unas 800 como viviendas turísticas. Sin embargo, hay miles que están haciendo actividades ilegales como alquiler en verano y están generando economía sumergida”.
En otro orden de cosas, el Pleno del Consejo Económico y Social también ha aprobado los dictámenes trimestrales de análisis de coyuntura laboral. Para el presidente del CESpH, la tasa de desempleo actual se sitúa en los niveles del año 2007, pero con una composición del empleo muy distinta a la de aquellos años. Así, se han perdido unos 30.000 empleos en la construcción y unos 10.000 en la industria y servicios. Por contra, se ha incrementado el empleo en el sector agrícola. Esto supone, en palabras de García del Hoyo, que “ha habido una caída relevante en la renta familiar disponible. Ya que un empleo agrario suele generar unos ingresos anuales de unos 6.000 o 7.000 euros, frente a los 20.000 euros que puede generar de media un empleo en otros sectores”.
El Pleno también ha dado el visto bueno a la memoria de actuaciones de 2017 y al informe presentado por el presidente del Consejo, sobre el Impacto Económico de la construcción de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, en el que se afirma que el efecto derivado de las inversiones, incluyendo tanto los efectos indirectos como inducidos, sobre la producción del tejido socioeconómico de la provincia de Huelva ascendería a 176,1 millones de euros, de forma que el efecto total sobre la producción totaliza en torno a 432 millones de euros.
