Rafael Sánchez Rufo, Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, asegura que el último incendio que se ha producido en el asentamiento chabolista, ubicado junto al cementerio de Lepe, demuestra que a las administraciones públicas onubenses, “poco o nada les importan las condiciones de vida de las personas que malviven en chabolas en la provincia de Huelva porque a la vista está que no se ha tomado absolutamente ninguna medida para evitar que cientos de personas tengan que afrontar a diario unas condiciones de vida indignas, penosas y sujetas a peligros continuos, como incendios como éste que llevan repitiéndose de manera continua desde hace mucho tiempo”.

Sánchez Rufo recuerda que el asentamiento chabolista de Lepe ya ha sufrido numerosos incendios durante los últimos años. A pesar de esto, cada vez que sucede un incendio que calcina las chabolas que allí se encuentran, las personas que allí viven se ven obligadas a volver a levantarlas en condiciones totalmente precarias, mientras las administraciones se limitan a “anunciar planes que no son más que propaganda vacía y sin ningún resultado, que luego no sirven para adoptar ninguna medida concreta para facilitar a la población migrante que allí vive unas condiciones de vida dignas y seguras, así como que puedan disponer de alojamientos dignos”.

Sánchez Rufo recuerda que Izquierda Unida ha presentado, en varias ocasiones y ante la proliferación de incendios como el de hoy ocurridos anteriormente, iniciativas en el Parlamento Andaluz y enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para “poner en marcha un plan de choque, con recursos y debidamente presupuestado, para tomar medidas y evitar que estos asentamientos sigan siendo la única posibilidad para tener un techo que tienen cientos de personas en la provincia de Huelva”. Hasta ahora, nada se ha hecho para afrontar esta dura realidad de unas personas que “no cuentan con el apoyo ni el interés de las administraciones públicas competentes para atender su situación diaria”.

Para ello, Izquierda Unida considera que las administraciones tienen que escuchar a las ONG que ayudan a la población migrante y que hacen todo lo que pueden, pero sin medios suficientes, para remediar esta situación de infravivienda evidente con las medidas que éstas proponen y un plan de choque efectivo, que todavía sigue sin ponerse en marcha por la falta de voluntad para ello de las administraciones competentes.