El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha anunciado al sector la reapertura el próximo día 1 de octubre del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, tras confirmar los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) la mejoría de las posibilidades de la actividad marisquera en la zona. Esta medida, ha asegurado el consejero, «se toma en apoyo de las familias que viven de esta pesquería, para que tengan unos mínimos ingresos», pero ha recordado que a partir de ahora «tendrán que compatibilizar la actividad con la mejora del caladero».
Sánchez Haro ha informado, asimismo, de que «esta apertura vendrá acompañada de su correspondiente planificación de seguimiento y control para garantizar la conservación y supervivencia del recurso y para el estricto cumplimiento por parte del sector». En este sentido, ha pedido al sector responsabilidad y ha recordado que «el objetivo es mantener esta actividad pesquera en el tiempo. Hay que compatibilizar la pesca con la supervivencia del caladero, por lo que es necesaria la colaboración de todos».
El consejero ha insistido en la necesidad de que todo el sector debe de estar concienciado, apelando a «una responsabilidad que es de todos». «O lo solucionamos entre todos, o no vamos a ninguna parte», ha apostillado.
De esta manera, la Consejería cumple con su compromiso, que pasaba por reabrir en cuanto los informes técnicos confirmasen que la actividad pesquera era factible sin poner en peligro el futuro del caladero. La captura de la chirla se prohibió el pasado mes de enero al comprobarse que la biomasa estaba alcanzado unos niveles mínimos que comprometían la supervivencia de la especie. A partir de ese momento, se estableció que la situación se mantendría hasta que hubiese garantías de que la actividad era viable conjugando los intereses ambiental, económico y social.
Para ayudar a paliar los efectos del cierre del caladero, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural puso en marcha unas ayudas para armadores y tripulantes afectados, con base en los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, en la provincia de Huelva, y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Esto ha permitido un apoyo económico a 70 familias durante este periodo.
El consejero ha resaltado asimismo que la Junta ha mantenido una interlocución permanente con todos los representantes del sector, consolidada con la constitución de una mesa de trabajo y de dos grupos técnicos para mejorar la pesquería de esta especie, habiéndose celebrado ya varias reuniones. En este sentido, desde la Consejería se ha planteado la idoneidad de la constitución de una Organización de Productores Pesqueros (OPP) para aumentar el valor añadido de la chirla y mejorar su comercialización.
