1 noviembre 2024
Derribo calle Encinasola.

150.000 euros para demoliciones de urgencia de edificios y solares

Derribo Calle Calañas
Derribo calle Calañas.

Por primera vez, los presupuestos municipales incluyen una partida específica para llevar a cabo la denominada ejecución subsidiaria. Una reserva de 150.000 euros, con la que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva pretende solucionar problemas enquistados durante años, en diferentes barrios de la ciudad, por la falta de mantenimiento y conservación en edificios y solares de propiedad privada. Se trata, como explica el concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez Márquez, de “liberar el crédito necesario para poder ejecutar de oficio obras destinadas a restituir la seguridad y la salubridad en la ciudad”.

Gómez Márquez ha explicado que “para nosotros es una cuestión de seguridad, al tratarse de edificaciones en estado ruinoso o solares en un estado deplorable que generan problemas de desprendimientos o higiene, riesgo de incendios y de ocupación ilegal, afean la convivencia social y aportan una nefasta imagen de nuestra ciudad y nuestros barrios».

Desde el departamento de Disciplina Urbanística, se está elaborando un listado de las actuaciones más urgentes, en base a órdenes de ejecución y en algunos casos expedientes sancionadores, requeridos en algunos casos desde hace décadas, por atentar contra el deber cívico de mantener las propiedades en las condiciones adecuadas. “Nuestra prioridad” -apunta Manuel Gómez- “será garantizar la seguridad ciudadana, asumiendo en primer lugar cuestiones para consolidar fachadas y estructuras o demoler edificaciones según su estado”.

Los procedimientos arrancan con la comunicación a los propietarios de la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa, dictando una orden de ejecución con un plazo fijado, tras el que se abre la denuncia. Sin embargo, si los propietarios siguen eludiendo los requerimientos, se lleva a cabo el apercibimiento al interesado y en caso de existir riesgo para la seguridad de las personas o bienes, o deterioro al medio ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento puede optar entre imponer multas coercitivas o por la ejecución subsidiaria.

El también portavoz del equipo de Gobierno explica que «ante el silencio de los propietarios, el Ayuntamiento sólo tiene una vía posible: ejecutar la actuación de oficio y cobrar los gastos” pero para ello “y en vista de la falta de diligencia del Gobierno anterior, que nunca dispuso el crédito, y la acumulación de expedientes sancionadores abiertos, hemos decidido establecer una partida de 150.000 euros, para poder llevar a cabo la ejecución subsidiaria y dar solución a unas cuestiones que consideramos urgentes”.

 

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