Diez jornaleras marroquíes, que han llevado a los tribunales episodios de acoso sexual y laboral durante la última campaña de la fresa en Huelva, han denunciado al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por hacerlas trabajar de manera irregular, usarlas mediáticamente para promocionar el sindicato y apropiarse de parte del dinero que recibieron de una compatriota, según información del diario El País, en información firmada por María Martín (https://elpais.com/politica/2018/10/01/actualidad/1538424858_806174.html).
La denuncia, presentada ante la Guardia Civil el 29 de septiembre por dos abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) que las representan, destaca la “cosificación” que se ha hecho de las temporeras y argumenta que se trata de un caso de coacciones y delitos contra la esfera patrimonial de las mujeres.
La denuncia acusa a un representante del sindicato, José Blanco Burgos, de aprovecharse de su imagen y de su trabajo y de gastarse parte del dinero del que disponían las mujeres para enviar a sus familias.
Según los abogados de las temporeras, el sindicato sufragó parte de los gastos de las mujeres que se había comprometido a asumir con el trabajo irregular de las propias jornaleras en el pueblo (no fueron dadas de alta, ni su situación migratoria en España lo permitiría). Una de las marroquíes, detalla el escrito, fue a trabajar “varios días” a casa de la propietaria de la vivienda donde se hospedaban, también denunciada, sin que se le advirtiera de que el dinero que ganaría se destinaría a un fondo común para cubrir las necesidades de las diez mujeres.
Otra de las denunciantes mantiene que fue obligada a trabajar nueve días en el huerto del sindicalista “sin cumplir ningún requisito legal” con el fin, dice la denuncia, de recuperar el importe de un teléfono viejo que Blanco le había prestado y que se rompió por accidente.
La situación se complicó cuando, en agosto, la asociación de los abogados lanzó en Internet una campaña de apoyo a las temporeras con el objetivo de recaudar fondos. El dinero sería, esencialmente, para enviar remesas a sus familias. Para la recaudación era necesario abrir una cuenta bancaria y se hizo a nombre de una de las mujeres en representación del resto. Blanco, que no era promotor de la campaña, se puso como autorizado.
En esa cuenta en la que el sindicato participaba, una compatriota marroquí donó 3.000 euros para que las jornaleras enviasen una ayuda a sus familias la víspera del Eid al Adha, la principal festividad de los musulmanes. El dinero quedó bloqueado durante unos días por la ley contra el blanqueo de capitales que exige, a partir de esa cantidad, justificar el origen del dinero. Una vez desbloqueado, el 22 de agosto, el denunciado hizo tres reintegros de la cuenta por valor de 1.380 euros “sin comunicarlo a nadie y desconociéndose el destino del dinero”, afirma la denuncia. La abogada, Belén Luján, asegura que tuvo que poner dinero de su bolsillo para viabilizar el envío a las familias.
Los abogados Belén Luján y Jesús Formoso acabaron sacando a las jornaleras del pueblo de Málaga donde se mantenían escondidas y actualmente son ellos los que se encargan de su alojamiento y manutención.
