(Texto: Ecologistas en Acción) La multinacional con sede en Chipre, Atalaya Mining, intenta camuflar la realidad publicitando crecientes expectativas de producción de cobre en la mina de Riotinto (Huelva), imposibles de acometer. Y para ello utiliza un reciente informe financiero que ha hecho público a través de su página web.
Pero las cosas no le marchan bien a la minera, y sus inversores se están dando cuenta. En el último mes las acciones de la empresa han caído en picado, hasta un 35%, lo que indica que ha perdido todo lo ganado desde enero. Mientras el precio del cobre y las acciones de otras mineras se mantienen más o menos estables, Atalaya Mining parece haber perdido el rumbo.
Muchos pueden ser los factores que han llevado a la minera a esta debacle. En septiembre, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulaba la autorización ambiental de la mina de Riotinto (Huelva), estimando la demanda de Ecologistas en Acción, que ha demostrado la vulneración de las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos legalmente. Puedes descargar en este enlace la sentencia: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=105921
Atalaya Mining, y sus accionistas, saben que esa sentencia hará caer como fichas de dominó las demás autorizaciones de esa mina andaluza. De hecho, el TSJA ya ha dejado visto para una nueva sentencia el proceso judicial que muy probablemente culminará con la nulidad y paralización de la autorización que permitió el reinicio de esa explotación en 2015, hasta que cumplan con todas sus obligaciones ambientales y de seguridad minera.
Atalaya también sabe, y sus accionistas también, que resulta imposible la ampliación de explotación y producción que pretenden en Huelva, sin abordar una macromillonaria inversión que modifique radicalemnete el sistema de gestión de sus residuos. Hoy por hoy las balsas de lodos de Riotinto están al borde de la saturación y la temporada de lluvias -que ya ha empezado en Andalucía- las pondrá nuevamente en serio riesgo de rotura. La solución de recrecimiento de muros en las balsas que pretende Atalaya Mining -tal como hizo Boliden en la mina de Aznalcóllar hace dos décadas- es inviable ambientalmente y conducirá inexorablemente a un nuevo desastre minero.
Otra sentencia, la del caso Astor, complica aún más la situación de la empresa, al confirmarse la resolución de marzo de 2017 por la que Atalaya Mining debe devolver a Astor Management cualquier exceso de efectivo generado, aunque no de inmediato. Desde que se conoció esta sentencia, a pesar de un pequeño aumento en el precio del cobre, las acciones de Atalaya han caído. Astor pretende recurrir la sentencia para reclamar 15,9 millones a la multinacional chipriota.
Tampoco parece tranquilizar a los inversores la noticia de la búsqueda de comprador para Atalaya Mining, a través del banco canadiense de inversiones Bank of Montreal, sobre la que la empresa sólo ha manifestado estar evaluando las opciones estratégicas de la compañía.
Respecto al Proyecto Touro, la situación tampoco mejora para la empresa, aunque en su informe financiero pretenda dar a entender que la aprobación del proyecto está al caer, al haber terminado la fase de información pública del procedimiento.
Pero la realidad es que el reciente informe de ICOMOS, en el que alerta del grave riesgo que la mina supondría para el Camino de Santiago, pudiendo llegar a ser excluido de la Lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, no parece presagiar un futuro muy halagüeño para la minera en Galicia.
Puedes descargar aquí el informe completo de ICOMOS España:
https://drive.google.com/file/d/1kNK9xqtyswM68KvU9ogiPnQJTc9-vp2z/view?
fbclid=IwAR0YgEok42xSvmw_8bIMthfoB73_weUxvGckJDiCP0Fka-aMedhie0UaRiY
Sin embargo, y a juzgar por el anuncio de expansión de Atalaya en Riotinto, todo parece indicar que, en el hipotético caso de que la Xunta de Galicia diese luz verde al proyecto de Touro y O Pino, la intención de la empresa de explorar la superficie de 122 kilómetros cuadrados (que luego pasaron a ser 153) de todas las concesiones de exploración que rodean la mina de Touro, como afirmaba el Consejero Delegado, Alberto Lavandeira, pueda llevarse a cabo, por lo que sí se trataría de un proyecto fragmentado, lo que viene a dar la razón a quienes advertimos desde un principio de las intenciones de la minera de explotar mucho más de lo proyectado inicialmente.
Los inversores necesitan un entorno de seguridad y estabilidad jurídica para invertir, y la situación actual de Atalaya Mining, sin rumbo y a la deriva, no ofrece ninguna garantía, pero mayor seguridad deben tener quienes tienen la responsabilidad de aprobar o denegar este proyecto, ya que una empresa con tal inestabilidad difícilmente ofrece garantías y mucho menos en el caso de tener que hacer frente a posibles indemnizaciones por accidentes o destrucciones patrimoniales, de valor incalculable, como asegura ICOMOS en su informe, o como recientemente hemos conocido también de situaciones que se pueden reproducir igual que en Monte
Neme, en “búsqueda y captura” https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181119/AnuncioO143-071118-0004_gl.html para cobrar las sanciones impuestas por abandono de zonas mineras contaminadas, o ¿queremos que suceda lo mismo en Touro, queremos que siga sucediendo en Huelva? ¿Estamos los ciudadanos y ciudadanas dispuestos a seguir pagando las sanciones que estas empresas cometen y no asumen?
