(Texto: Juan Andivia) Lo que se espera de la toma de posesión en la presidencia de una comunidad que desea el cambio, como dicen que es la andaluza, es que se prometa todo lo que puede cambiar y lo que los amigos y votantes de la persona candidata le hayan ido diciendo por los corrillos. Y eso es lo que ha preparado el dúo Pepé y Ciudadanos en sus «Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía”.
Para empezar, el título es ambicioso y mal redactado, ya que lo que habrán querido decir es que esas medidas serán para un gobierno nuevo, esto es, distinto y no otro más, que es lo que viene a significar el epíteto “nuevo” en una legislación que empieza. Nuevos gobiernos han sido todos y cada uno de los que el Pesoe ha tenido durante los treinta y tantos años, pero no sé si han sido gobiernos nuevos.
Excluida la redacción y ciñéndome a un punto único de los noventa, el que reza “Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada”, hay que destacar el escaso conocimiento que tienen de la educación y el nulo de planificación.
La enseñanza concertada es esa pamema que hunde sus raíces en concordatos, confesiones y prensa afín, necesaria para afrontar una escolarización imposible de ubicar en establecimientos estatales y que merecería un estudio serio de sus resultados en comparación con la privada y la pública pura. La idea encubierta de este pacto es extenderla hasta donde pueda llegar, en detrimento de las demás, lo que acarrearía una bolsa de funcionarios docentes parados, que se podrían absorber después por las empresitas religiosas, con peores condiciones laborales y de libertad.
Pero el meollo está en la planificación: Imaginemos una zona cualquiera de cualquier ciudad, el centro, por ejemplo. En marzo los padres eligen libremente que sus criaturitas entren en los colegios concertados y la administración aumenta las unidades hasta satisfacer la demanda; pero ay, no se tiene infraestructura para doscientos o trescientos alumnos más que, lógicamente, se han detraído de los centros públicos adyacentes. Pues se construyen de mayo a septiembre aulas, laboratorios, gimnasios y comedores y se aumenta el presupuesto para estos colegios “ad infinitum”.
A los centros públicos le sobrarán entonces el profesorado proporcional y las instalaciones, pero no importa, se van cerrando, hasta que en todos los sitios se celebre el mes de María y se pague una cuota por un médico que no está, un psicólogo que no ejerce y la posibilidad de jugar a voleibol por las tardes, si eres buen deportista, claro.
Y esto sucede cada curso, para respetar así “la libre elección de centros que debe tener la familia”. Obviamente es irrealizable, porque para que una profesora llegue y una unidad se dote se precisa crearla antes, en función de las exigencias y el número de ocupantes; y ni los colegios concertados son neumáticos ni los públicos deberían ser, como pretenden, los que han de absorber el personal sobrante, como hacen ahora con cierto alumnado. Algo distinto ocurriría si las preferencias fueran por resultados y preparación de los docentes.
Y septiembre, ¿qué se hace con septiembre, cada vez con mayor número de alumnado pendiente de calificación y, por tanto, de matriculación, sobre todo si se endurecen los criterios académicos de promoción y titulación que estos partidos proponen?
Esta medida, como tantas otras, es otro brindis al sol, otra manera de cargarse la educación un país, aunque Ciudadanos no se dé cuenta, ya que el otro partido sí sabe perfectamente lo que quiere hacer, como se ha comprobado en las comunidades que gobierna.
“El lobo siempre enseña la patita (y detrás de la pata de un lobo, suele haber un lobo)”. Y a esto le llaman despolitización (punto 1.2), igualdad de oportunidades (III.3) y dignificación de los servidores públicos (III.1).
Quizá he sido yo quien no ha entendido bien el título: “prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía”.
