Los hoteles forman parte de los registros de estafadores que elaboran las compañías eléctricas. Se les acusa de manipular contadores o engancharse al tendido eléctrico. De este modo, estos negocios se suman a un gran inventario de defraudadores que no tienen nada que ver con los estereotipos de imagen difundidos.
También entre estos defraudadores se encuentran muchas fábricas y urbanizaciones acomodadas que han querido conseguir la luz de forma ilegal, sin pagar un solo céntimo por el servicio. De hecho, una de las grandes empresas del sector indicaba que, en su caso, el 86% de los expedientes registrados en 2014 se abría a consumidores que no se encontraban dentro del llamado “marco de pobreza energética”.
Otra de estas compañías señalaba que el 88,5% de los fraudes sufridos en su empresa procedían de la industria, de los servicios y de las zonas residenciales de alta electrificación. Estos casos no pueden asociarse a situaciones de exclusión, lo cual no es más que un falso mito. Los clientes que han contratado menos de 3,3 kilovatios de potencia pueden acogerse al bono social de ayuda, y no son los que más defraudan ni en número de expedientes ni en cuantía.
Las compañías no son las perjudicadas
Pero si alguien estaba pensando que este es un problema que afecta a las propias compañías y que a los consumidores no nos roza, debe saber que lo que ocurre es todo lo contrario. Quienes pagan son los usuarios que hacen un buen uso del suministro y lo pagan como es debido. Aun así, empresas como Energya se han posicionado en contra de estas prácticas (descubre más sobre esta compañía en el Twitter de Enérgya-VM).
Para explicar mejor lo anterior debemos aclarar que existe una parte de la factura de la luz destinada a sufragar las pérdidas del sistema eléctrico, consistente en la diferencia entre la electricidad que sale de las centrales realmente y la que se factura después a los clientes.
A causa de estos fraudes, las compañías eléctricas se encuentran con que la electricidad que se comercializa tendría un coste mayor que lo que se ha facturado a la hora de la verdad. ¿El resultado? Que todos aquellos usuarios que han pagado su recibo religiosamente se ven obligados a pagar esas pérdidas a través de esa parte de la factura que antes mencionábamos.
De manera que aquellos usuarios que toman la electricidad de la red de forma fraudulenta en realidad no perjudican en modo alguno a la compañía, que se cobra ese coste, sino a los consumidores que no tienen más remedio que pagarlo.
Da igual el tipo de fraude que se cometa: las consecuencias son las mismas
Algunos de estos defraudadores hacen un enganche directo a la red, o bien desvían la corriente hacia una instalación que no se ha contratado con la compañía. Otros manipulan el contador de la luz, por ejemplo, para que no se detecte el consumo hecho realmente.
Comoquiera que sea, estas prácticas tienen consecuencias de distinto tipo: económico, en la medida en que lo pagan los demás usuarios; penales, ya que estas conductas están tipificadas en el Código penal y para la integridad física de las personas, porque estas operaciones son peligrosas, pudiendo dar lugar a incendios y electrocuciones.
